Por una ampliación en la investigación de las causas que desde el 7 de noviembre del año pasado están siendo sometidas a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, el juez federal Leopoldo Rago Gallo dictó el procesamiento de 3 nuevos militares retirados y de 2 que ya venían siendo sometidos a ese proceso, según confirmaron fuentes judiciales.
Los nuevos procesados son Juan Carlos Ramón Alaniz, suboficial mayor retirado; Rubén Arturo Ortega, coronel retirado, y Juan Carlos Méndez Casariego, también coronel retirado. Todos prestaron servicio en el RIM 22 durante la dictadura militar y les confirmaron la detención en el Penal de Chimbas, donde permanecían hasta ahora. Además, el magistrado volvió a procesar, pero ahora en nuevas causas, a Daniel Rolando Gómez y a Osvaldo Benito Martel. Ambos también cumplieron funciones en el regimiento ubicado en Marquesado y están en el banquillo de los acusados del megajuicio, el primero que se lleva adelante por delitos cometidos en la provincia (ver aparte).
A todos la Justicia les dispuso embargos por cifras superiores a 1,5 millones de pesos, según confirmaron las fuentes.
La decisión judicial tiene fecha del 27 de diciembre del año pasado y fue notificada el 29, que fue el último día hábil previo al inicio de la feria judicial de enero, pero trascendió recién ahora.
A Méndez Casariego, Alaniz, Ortega, Gómez y Martel les imputan ser responsables de los delitos de asociación ilícita, tormentos agravados, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por la desaparición de la joven francesa María Ana Erize. Se trata de la modelo que militaba en la agrupación Montoneros y que desapareció de la puerta de una bicicletería en Trinidad en octubre de 1976. También les imputan ser responsables del secuestro y desaparición del ex rector de la Universidad Provincial Sarmiento, Juan Carlos Cámpora, quien fue visto por última vez en febrero de 1977.
LOS OTROS CASOS
En los casos de Méndez Casariego, Ortega y Gómez también les imputan haber tenido responsabilidad en la muerte de Alberto Carvajal, un militante del Partido Comunista que murió en una sesión de torturas en el Penal de Chimbas en agosto de 1977 y que los represores pretendieron simular que se había ahorcado en su celda. Por la causa de Carvajal, dos se sus hermanos ya dieron declaración testimonial en el juicio y hasta un ex detenido por delitos comunes de aquella época ratificó los hechos.
En el caso de que los nuevos procesados fueran encontrados culpables en un juicio oral y público, como el que se está llevando adelante en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, podrían ser condenados a prisión perpetua, es decir que continuarían en la cárcel.
Los nuevos procesamientos tienen origen en el criterio sustentado por el juez Rago Gallo, que dejó sentada la existencia de grupos de tareas de ex oficiales y suboficiales del Ejército, que eran los responsables de la represión local. Ese criterio fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, ante lo cual el Ministerio Público Fiscal solicitó que se hiciera extensivo a todas las causas de delitos de lesa humanidad que se tramitan en la provincia. Y por eso se ampliaron las investigaciones que dieron lugar a que haya primero nuevos detenidos y luego que fueran procesados, como ocurrió ahora.
Como hay varios acusados del actual megajuicio que están prófugos, como en los casos de Carlos Malatto, Gustavo de Marchi, Eduardo Cardozo y Francisco Del Torchio, cuando sean detenidos y llevados a un nuevo proceso, podrían ser enjuiciados con los nuevos procesados, cuando su situación procesal quede firme y sus causas sean elevadas a juicio.