Las demandas contra la Provincia por el pago del polémico seguro de supervivencia ascienden a unos 14 millones de pesos, según los cálculos de la Fiscalía de Estado. El beneficio fue eliminado por ley a fines del año pasado pero, a pesar de que estiman que hay unas 100 causas en la Justicia que representan a unos 1.000 reclamos de empleados públicos jubilados, no los van a terminar pagando. Es porque la aplicación de la legislación es “inmediata” y abarca a todas las situaciones jurídicas existentes que “no tengan sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada”, según explicó el fiscal Guillermo De Sanctis.
En la práctica significa que esos planteos no están basados en una situación consolidada, es decir que en el futuro carecerán de basamento legal para poder cobrar.
El seguro de supervivencia consistía en el pago de 20 sueldos que el agente estatal podía reclamar al momento de jubilarse, pero que históricamente no se ha podido abonar regularmente por falta de fondos. Y por eso ha sido motivo de fuertes polémicas en el pasado y con numerosos planteos en la Justicia, pero muy pocos con respuesta favorable. El cálculo de las causas contra la Provincia fue realizado en el área de Asuntos Previsionales y Laborales, a cargo del abogado Eduardo Ponce.
Este seguro, que regía desde 1987, existía nada más que en San Juan. Establecía que los trabajadores estatales podían pedir el pago al momento de retirarse del Estado para jubilarse. En la práctica era un adelanto del seguro de vida que seguirá vigente, y que equivale a la cancelación de 40 sueldos, que perciben sus familiares cuando el agente fallece.
El sistema se nutre del 4 por ciento de los sueldos que les descuentan a los agentes que trabajan en la administración pública provincial. Y el pago de los beneficios es administrado por la Caja Mutual. En promedio, en la Caja se cancelan unos 60 seguros de vida mensuales, que ascienden a montos que rondan los 280.000 pesos. Durante el año pasado, el organismo abonó 732 beneficios por 210 millones de pesos, según informó el coordinador de la Unidad de Control Previsional, Hernán Benítez. El tiempo promedio para acceder a la ayuda es de unos 60 días.
El panorama empezó a complicarse a partir de 1996, cuando empezaron a llegar a la Caja Mutual cientos de reclamos de jubilados. Al no lograr que les paguen, optaron por demandar al Estado en los Tribunales, en donde consiguieron fallos favorables de primera instancia y en la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, Fiscalía de Estado viene presentando recursos extraordinarios ante la Corte de Justicia objetando el procedimiento formal y finalmente las demandas terminan siendo rechazadas.
Sobre las alrededor de 9.000 presentaciones que también existen en la Caja Mutual, el fiscal De Sanctis aclaró que “no hay derechos adquiridos” porque por la sola existencia del seguro “no se adquieren derechos”. Por eso el funcionario insistió con que “es una falacia hablar de derechos adquiridos en abstracto”.
Debido a las dificultades que han habido siempre para pagar el seguro de supervivencia, en repetidas oportunidades en distintas administraciones provinciales estudiaron la posibilidad de modificar la ley para derogar el beneficio, porque consideraban que en la práctica era inaplicable. E incluso se manejaron varios borradores para cambiar la normativa. Eso fue hasta diciembre pasado, cuando el Ejecutivo mandó el proyecto a la Cámara de Diputados, en la última sesión extraordinaria del año, para su tratamiento sobre tablas.
Al momento de fundamentar la iniciativa, el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Javier Ruiz, dijo que no se quería seguir creando una falsa expectativa a los beneficiarios del seguro
Sin haber recurrido a los tribunales, según dieron a conocer en la Fiscalía de Estado, sólo a una tanda de unos 3.000 agentes que iniciaron el trámite entre 1988 y 1989, se le pagó el 0,63 por ciento de los 20 sueldos. A los demás nunca se les dio un peso con el argumento de que no habían recursos suficientes.
Un antecedente de un grupo que demandó al Estado y logró cobrar ocurrió en el 2009, cuando 14 médicos, ya jubilados y casi todos mayores de 80 años, percibieron en total 968.000 pesos a través de una demanda civil.