A un año de la increíble fuga protagonizada por Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, ocurrida el 25 de julio del año pasado, cuando escaparon del Hospital Militar Central, suman 5 los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en la provincia durante la dictadura militar que se encuentran en libertad. Los otros 3 son Carlos Malatto, Jorge Páez y Eduardo Vic, todos declarados en rebeldía y con ofrecimientos de pago de recompensa para quien aporte datos sobre su paradero. Para repudiar que los evadidos todavía no han sido recapturados y reclamar protección para los testigos de nuevos procesos, a raíz del atentado a Alberto Rivas hoy, a las 11, habrá una concentración de organismos de derechos humanos y de agrupaciones de izquierda frente al edificio de la Justicia Federal de calle Entre Ríos.
Olivera, exjefe de Inteligencia del RIM 22, condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua en el primer megajuicio por delitos como torturas, violaciones y desaparición de personas en la provincia, y De Marchi, condenado a 25 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua en el mismo proceso, se fugaron del centro asistencial al que habían sido trasladados para someterse a distintos estudios médicos. Y se sospecha que tuvieron ayuda para armar su plan. El proceso (ver aparte) había concluido el 4 de julio y el 18 ya se encontraban en el Penal de Marcos Paz, con pedidos de turnos médicos es distintas especialidades. Pero cuando fueron trasladados al Hospital Militar, aprovechando la escasa vigilancia de las fuerzas de seguridad, se fugaron y hasta la fecha se desconoce su paradero. Ambos tienen un ofrecimiento de recompensa de 200.000 pesos cada uno para la persona que aporte datos que permita su detención.
En el país, según un informe dado a conocer por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat, son 74 los represores prófugos por crímenes de lesa humanidad. El dato surge de los reportes de todos los fiscales federales que intervienen en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.
Entre ellos, además de Olivera y De Marchi, se encuentran otros 3 exmilitares que se desempeñaron también en el RIM 22 de San Juan. Uno es Malatto, miembro de la plana mayor del Ejército en la provincia, imputado por 32 hechos de delitos tales como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita. Páez era miembro de la Compañía de Infantería, imputado por 32 hechos en delitos similares a los anteriores. En el caso de Vic, también era miembro de la Compañía de Infantería, imputado por los homicidios agravados de María Ana Erize, Daniel Russo y Juan Carlos Cámpora.
En estos últimos 3 casos, el ofrecimiento de recompensa, según figura en la página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es de 100.000 pesos por cada uno de ellos.
Los 5 debieron ser juzgados en el proceso que culminó el año pasado, pero como los últimos 3 estaban prófugos, en el caso de ser detenidos deberán ser sometidos a un nuevo juicio.