Debido a sus inconvenientes estructurales, el futuro del histórico edificio 9 de Julio se ha convertido en una incógnita y el Gobierno analiza tres destinos. La gestión uñaquista todavía no descarta que pueda ser refaccionado para que se acople al palacio de Tribunales y conforme la Ciudad Judicial, tal cual fue planeado después de que dejara de albergar dependencias oficiales. Pero como las losas de los distintos pisos, en principio, no soportarían el peso excesivo de las pilas de papeles que suelen acumularse en los juzgados, también está en estudio la posibilidad de que el gigante de cemento sea demolido y se levante uno nuevo y moderno o que sea consolidado con enormes tabiques de refuerzo para que reciba otras reparticiones, como del Ejecutivo, que no demanden tanta carga en los pisos. Esta última alternativa implicaría la mudanza de las oficinas judiciales hacia otro lugar.
Las tres opciones fueron dadas a conocer por el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio Ortiz Andino, quien remarcó que aún no hay nada decidido y que debe revisar todos los aspectos técnicos y económicos de cada una de las alternativas. Por el momento no hay fecha de definición y lo cierto es que la utilización del edificio se va demorando, ya que tanto desde el Gobierno como desde la Corte de Justicia tenían la expectativa de licitar las tareas de consolidación en mayo.
El uso del 9 de Julio es clave para el Poder Judicial, ya que apunta a descongestionar al de Tribunales, llamado 25 de Mayo, que ha quedado chico ante el incremento de la litigiosidad, el cual se ve desbordado de abogados, denunciantes, víctimas, testigos, jueces y fiscales que circulan diariamente por sus instalaciones. La Corte ha tenido que alquilar inmuebles en todo el centro y con el gigante de avenida Central alcanzará para concentrar juzgados y fiscalías y evitar la dispersión.
El Gobierno le donó a la Corte el histórico edificio (Ver recuadro) en 2010 y se planificó la Ciudad Judicial. Debido a su deterioro, para ser utilizado y cumplir con los requisitos antisísmicos debe ser consolidado. Desde el Ejecutivo barajan las opciones del método tradicional, que consiste en la instalación de tabiques (grandes columnas de hormigón) sobre toda la base, y de un sistema alternativo a través de aisladores sísmicos, un mecanismo que protege al edificio de bruscos movimientos de suelo. Sin embargo, salió a la luz que por los planos de la estructura del edificio, las losas no soportarían la carga que significaría la acumulación habitual de documentos de los juzgados. Frente a ese dato, Ortiz Andino dijo que “podría no ser utilizado para la sede judicial”, pero aclaró que hoy no está descartado para ese fin porque “aún no lo hemos estudiado en profundidad. He pedido que se analice bien y que me informen por escrito y que lo firmen si va a servir o no una vez que esté consolidado”.
El ministro uñaquista también dijo que es una posibilidad “tirarlo abajo y hacer uno nuevo”, pero remarcó que tienen que analizar los costos de ambas alternativas. Además, indicó que se encuentra en estudio la consolidación del edificio para que pueda ser utilizado por otras reparticiones que por su funcionamiento no implique un peso que complique la estructura. “También lo estamos evaluando porque si lo sacás de ahí (a la sede judicial), ¿a dónde va?”, se preguntó el funcionario, quien remarcó que el Gobierno aún no ha visto ningún lugar donde eventualmente pueda ser trasladado el aparato judicial.

