El juez federal Leopoldo Rago Gallo decidió ayer extraditar al exconcejal español, Carlos Fernández Gámez, para que sea juzgado en su país por malversación de caudales públicos. Tras la resolución, se abre un plazo de 14 meses para que la disposición no quede sin efecto o, en otras palabras, que el delito no prescriba. ¿Por qué? La defensa va camino a apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia y si no hay una confirmación hasta el 25 de febrero de 2019, la causa se extinguirá por el paso del tiempo, según consta en el expediente y analizaron fuentes judiciales. Es decir, quedaría totalmente desvinculado. “Estoy muy contento porque tengo la posibilidad del recurso”, dijo el exedil reconvertido en “coach” de empresarios y políticos en San Juan a la salida del Juzgado Federal Nº2.
El escenario no es antojadizo, ya que el máximo tribunal recibe expedientes de todo el país, tanto de las justicias provinciales como de las federales. Además, está el antecedente local de la extradición del búlgaro Plamen Bioanov Stefanov, cuya defensa apeló y la causa lleva en la Corte Suprema cinco meses sin una resolución, indicaron las fuentes. Si bien los hechos contra Fernández Gámez datan de mediados de 2000, la fecha límite para la prescripción del delito en el que está señalado se da porque en febrero de 2009, hubo un acto judicial que interrumpió el paso del tiempo y al calcular la pena máxima del delito de malversación, el plazo se estira 10 años más.
El caso de Fernández Gámez sorprendió y tuvo alcance internacional, ya que está en la mira de la Justicia española por resonantes casos de corrupción y fue descubierto en San Juan. El “coach” era concejal de Marbella y quedó involucrado en hechos delictivos y no obstante, logró salir de su país frente a las narices de las autoridades. En 2006 ingresó a Argentina y recaló en estas tierras, donde se casó y tuvo dos hijos, ambos menores de edad. No se mantuvo en la clandestinidad, ya que creó la empresa de entrenamiento y preparación profesional y técnica llamada Europa Coaching. Con ella asesoró a políticos, comerciantes y empresarios de la provincia. En ese rol de “coaching”, también se dedicó a salvar y solucionar conflictos matrimoniales y de pareja. Pero una denuncia anónima llegó a la Policía Federal y cayó el 15 de septiembre en su hogar.
Luego de todo el proceso, Rago Gallo declaró procedente la extradición de Fernández Gámez para que sea juzgado en su país por el caso llamado “Saqueo II”, el cual consistió en la utilización de las empresas municipales para eludir los controles legales y saquear las arcas de la comuna de Marbella, según había revelado Diario Sur. En ese expediente, enfrentará la acusación por malversación de caudales públicos. El magistrado consideró que están prescriptas otras cinco causas por las que España quería juzgarlo, vinculadas a otros hechos de corrupción. Así, el juez se hizo eco de la solicitud que había planteado el fiscal Francisco Maldonado, quien en el proceso representa el “interés por la extradición”. La defensa, a cargo de Fernando Rahmé, había sostenido que todos los delitos estaban extinguidos por el paso del tiempo.
Rago Gallo además le concedió el beneficio de la excarcelación bajo una fianza de 300 mil pesos, que el exconcejal puede rendir con dinero o un bien, como un auto. Además, le prohibió la salida del país (el pasaporte está retenido en el juzgado), le impuso la obligación de presentarse cada 15 días en el Tribunal y si desea viajar dentro de Argentina, tiene que pedir autorización.
A salvo
- Prescripciones
España había pedido la extradición de Fernández Gámez por la megacausa denominada Malaya y otras denominadas “Urbanísticas”. Para el juez y el fiscal, todas prescribieron. Así, el exedil sólo podrá ser juzgado por el delito de malversación de caudales.