La gestión uñaquista puso en marcha un mecanismo que habilita la entrega de fondos extra a empresas constructoras. Al igual que la declaración de la Emergencia en la Obra Pública Provincial, el objetivo es que comiencen las tareas que fueron proyectadas y que se mantenga el ritmo de las que fueron iniciadas. Se trata de una asistencia financiera que alcanza hasta el 20 por ciento del contrato original y está destinado sólo a aquellas compañías que no recibieron un anticipo financiero para realizar los trabajos. La norma está dentro de la reciente ley de emergencia sancionada y la percepción del beneficio no implica que las firmas puedan, luego, actualizar los valores de los contratos y, así, recibir nuevos valores en los certificados de obra. Si bien el mecanismo se lanzó para todas las obras locales que no tuvieron anticipos financieros, en la mira se encuentran tareas de pavimentación, ya que, según indicaron en el Gobierno, el valor del concreto asfáltico ha quedado desfasado y las empresas necesitan liquidez para poder hacer frente a los contratos que firmaron con el Estado.
El mecanismo que puso a rodar el Ejecutivo es un decreto y salió a la luz el pasado 15, esto es, cinco días después de que la Cámara de Diputados sancionara la ley que declara por un año la emergencia en la obra pública. Dicha norma había recibido duros cuestionamientos por parte de la oposición y también del ala giojista. Si bien desde el oficialismo se habían encargado de aclarar que se trataba de un sistema necesario para asegurar que no se pierdan los casi 12 mil puestos de trabajo que dependen de la construcción, no se precisó la cantidad de obras que están en peligro y tampoco trascendió cuál es el esfuerzo financiero que tendrá que hacer el Ejecutivo para asistir a las empresas (ver Emergencia en…).
Según el nuevo decreto, "se advierte una significativa distorsión en las ecuaciones económicas-financieras", lo que lleva a la necesidad de otorgar recursos extraordinarios "para lograr la segura terminación" de los proyectos. Además, se indica que "quienes en mayor medida sufren el desequilibrio son precisamente aquellas que, por disposición de los pliegos licitatorios, no han recibido anticipo financiero", adelantos establecidos para que las obras puedan arrancar.
En ese marco, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, explicó que "las obras más comprometidas son las que apuntan a colocar concreto asfáltico", porque en la licitación no se previó el mecanismo de anticipo financiero. Si bien el funcionario no dio detalles de qué obras son las comprometidas, dijo que, en principio, "son cuatro" y que "en diciembre deberían salir las primeras asistencias". Además, aclaró que el decreto establece que, antes de otorgar el beneficio, "debe haber un OK por parte del Ministerio de Hacienda".
Un punto clave de la financiación es que, aquellas empresas que lo reciban, deberán, "a modo de contraprestación, efectuar una bonificación a favor del Estado" el que será del 2 por ciento del saldo del contrato si el anticipo financiero alcanza el 20 por ciento o, por ejemplo, del 0,5 por ciento si la asistencia financiera fuera del 5 por ciento del total. Así, la asistencia no será gratis, ya que la empresa deberá, al final de cuentas, cobrarle menos al Estado por la ejecución. En el gobierno indicaron que dicha acción surge de la iniciativa de "esfuerzo compartido" entre las partes.
Bonificación
Las empresas que reciban una asistencia financiera deberán bonificar un porcentaje del valor total de la obra. La cifra puede alcanzar hasta el 2 por ciento, dependiendo del monto de asistencia que reciba.
Licitaciones
4 Son las tareas licitadas por la provincia que necesitarían una asistencia financiera por no haber recibido un anticipo financiero. Las primeras liquidaciones podrán salir el mes que viene.
- Emergencia en la obra pública
La emergencia en la obra pública provincial fue sancionada el 10 de noviembre. La norma establece que se debe fijar una nueva línea de base sobre las tareas en ejecución, "la que no puede superar el 20 por ciento al monto del contrato redeterminado". Además, indica que, en el caso de "aquellas obras que contemplen características especiales tales como insumos o equipamientos diferenciales", dicho porcentaje no puede superar el 30 por ciento. Si bien la ley fue sancionada, recibió críticas de la oposición y del bloque giojista, quienes apuntaron que faltaban datos para poder acompañar la normativa. Uno de los puntos que cuestionaron es que del texto original se eliminó la conformación de una comisión de seguimiento, la que iba a estar integrada por diputados. El cambio se dio porque, al tratarse de obra pública, quien hará el seguimiento es el propio Ejecutivo.
Si bien la ley tuvo sanción a principio de mes, el ministro Julio Ortiz Andino dijo que "el decreto reglamentario está casi listo" por lo que se podrá poner en marcha en el corto plazo. A su vez, indicó que, para poder realizar las liquidaciones correspondientes "se está actualizando un sistema informático en el que se cargan todas las obras", para luego hacer los cálculos.