Mariela Fernández Achem, la contadora del Ministerio de Gobierno que fue procesada por el juez Pablo Flores por su presunta participación en un pedido de dinero a un proveedor a cambio de favorecerlo en un concurso de precios, fustigó al magistrado diciendo que actúa con “falta de respeto” y que se mueve en forma “inaudita”. La profesional habló por primera vez en forma pública de los hechos que la involucran, aunque lo hizo a través de un escrito y sin aceptar preguntas. Dijo que es “inocente” y que no tuvo intervención en la maniobra delictiva.

Fernández sostuvo que se enteró de su procesamiento porque le llamó a su casa por teléfono el juez Flores “comunicándome la resolución y justificando que utilizó ese medio para evitar la Oficina de Notificaciones de la Justicia, aduciendo que allí había informantes de la prensa”. No obstante, agregó “en menos de una hora tuve el asedio telefónico de los periodistas”.

Según su criterio, manifestó que la actitud del juez no fue la adecuada porque “mi abogado aún no estaba en conocimiento y mucho menos estaba notificado de la resolución”.

Los contadores Fernández Achem y Carlos Alejandro Correa están imputados del delito de exacciones ilegales y si bien no irían presos si son condenados, podrían ser cesanteados en sus cargos. Ella trabaja en el Ministerio de Gobierno y Correa es delegado fiscal, afectado a la misma repartición. La maniobra en la que les atribuyen haber tenido participación salió a la luz cuando un proveedor que, aparentemente, tenía problemas impositivos para ser contratado por el Estado, denunció en la Justicia que los profesionales le pidieron dinero a cambio de no ponerle obstáculos en un concurso de precios para desinfectar el Penal de Chimbas. Incluso hubo una cámara oculta en la que filmaron a Correa recibiendo el dinero. Y a ella la complicarían las escuchas telefónicas que ordenó el juez durante el operativo de inteligencia que se hizo previamente.

No obstante, Fernández Achem se queja porque sostiene que “mi declaración quedó supeditada a que se nos hiciera entrega de los audios, cosa que hasta la fecha nos fue negado sistemáticamente y sin fundamentos por parte del juez. Sólo se nos hizo escuchar 20 minutos editados de un total de 40 horas de grabaciones, en los que en ningún momento quedo involucrada en la causa”.

Además sostuvo que “estuvimos un año sin poder tener acceso al expediente a pesar de los reiterados pedidos de mi abogado y a 10 días de que mi defensa presentara una nulidad, me termina procesando”.

Sobre su actuación en el expediente cuestionado manifestó que consistió en “dar un dictamen favorable ya que el proveedor cumplía con los requisitos legales exigidos”. Y añadió que “de la lectura de la denuncia surge claramente que el proveedor, Luis Alberto Guerra, de Sin plagas Fumigaciones, en reiteradas oportunidades me desvincula totalmente de la maniobra del pedido de dinero efectuado por el delegado fiscal”.

En la actualidad, en el ámbito administrativo, ambos empleados públicos están en uso de licencia con goce de haberes, como suele ocurrir en situaciones similares en el Estado. Pero, según fuentes oficiales, si el procesamiento queda firme, dejarían de cobrar sus haberes y hasta podrían ser cesanteados en sus cargos.

La contadora también hizo hincapié en que “en mi domicilio particular y en mi oficina no se encontró absolutamente nada que me vincule a la causa, además de que no estuve presente en el momento del pago de la supuesta coima”.