El abogado Santiago Graffigna, el principal acusado en el escándalo de las expropiaciones, fue liberado ayer por disposición del juez Benedicto Correa por haber transcurrido 3 años sin que haya sido sometido a juicio, aunque esa situación podría no ser definitiva mientras se sigue sustanciando la causa. El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, como parte querellante, dejó la puerta abierta para apelar la decisión y si eventualmente le hacen lugar, el imputado volvería a cumplir arresto domiciliario, el beneficio que venía gozando hasta ahora. La resolución judicial no significa que quede desvinculado de la investigación, sino que ya tiene un procesamiento firme y otros dos están en apelación en la Cámara Penal.

Como medidas complementarias, el juez de la causa dispuso el cumplimiento de 3 disposiciones. La primera, que el acusado no se puede ausentar de su domicilio por más de 24 horas sin comunicar la novedad al juzgado, la segunda es que deberá presentarse los 10 de cada mes o el día hábil posterior en tribunales y la última es que tiene prohibición de salir de la provincia y menos del país. En el caso de que necesite trasladarse por razones laborales, médicas o familiares, deberá pedir autorización con 10 días de antelación. La violación de cualquiera de estos puntos serán causales para que pierda el beneficio de la libertad ambulatoria.

Cabe señalar que Graffigna no tendrá ningún control policial para evitar su fuga sino que el titular del Quinto de Instrucción envió notificaciones a organismos tales como Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería Nacional, Migraciones y Policía de San Juan, por si intenta salir de la provincia o del país sin autorización.

Sobre la resolución, De Sanctis aseguró que, en principio, corresponde por haberse vencido los 3 años que fija el Código de Procedimiento. Sin embargo, dijo que la analizará y advirtió que si encuentra elementos suficientes la apelará.

Sus dudas pasan por el efectivo cumplimiento de Graffigna de las imposiciones del magistrado. “Me preocupan los medios de seguridad, quién controlará las medidas del juez, por ejemplo la salida de la provincia o del país”, explicó.

Graffigna está sospechado de ser el jefe de una red delictiva que maniobraba para inflar los valores de terrenos que la Provincia necesitaba expropiar. Y por eso le imputan haber cometido los delitos de autor principal de fraude en perjuicio a la administración pública, estafa, ser el jefe de una asociación ilícita y defraudación por ocultamiento o sustracción de pruebas.

En su haber, Graffigna tiene un procesamiento firme, por el que estaría en condiciones de ir a juicio este año (ver aparte), pero también tiene otros 2 que fueron apelados por sus abogados defensores y que están en la Cámara Penal. El segundo fue del juez Alberto Benito Ortiz, contra el propio Graffigna, el exjuez Carlos Macchi y los peritos que actuaban junto al abogado, Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga. El último procesamiento, ya con el juez Correa en funciones, fue contra Graffigna, Horacio Alday, la exjueza Rosalba Marún y contra los tres peritos de las causas de expropiaciones.

Graffigna fue notificado sobre su nueva situación en la mañana de ayer en el Quinto Juzgado de Instrucción, a donde concurrió junto a sus abogados Rolando Lozano y Fernando Rahmé. Precisamente, los letrados habían pedido el lunes 29 el cese de la prisión preventiva que venía cumpliendo en su domicilio. El juez le corrió vista al fiscal Carlos Rodríguez, que entendió que correspondía conceder el beneficio, y así lo dispuso finalmente.