El abogado Santiago Graffigna, señalado como el gestor del fraude contra el Estado en el escándalo de las expropiaciones, acordó donarle 3 millones de pesos a la sociedad San Vicente de Paul, gesto que es interpretado en la Justicia como una forma de compensar una maniobra que hizo el letrado, la cual terminó siendo un presunto engaño para la institución. Sucede que Graffigna era el asesor legal de la sociedad y recomendó que cediera los derechos de dos inmuebles que estaban sujetos a expropiación: uno a Guillermo Ruiz y el otro, a Miguel Suraty y Mónica Almeida. Por ambos, la entidad de beneficencia recibió apenas 17 mil. Pero después, el abogado resultó ser representante de los compradores y en los juicios de expropiaciones terminó obteniendo 26,2 millones de pesos por los dos casos.
La jueza de la megacausa de las expropiaciones, Inés Rosellot, citó a declarar a Ulises Morales, uno de los abogados de San Vicente, quien aportó el documento que firmaron las partes, el cual se desconocía por una cláusula de confidencialidad. El testigo señaló que Graffigna realizó la donación en “agradecimiento a la Virgen de la Medalla Milagrosa porque salvó su vida en un accidente” y “para quedar bien con San Vicente”. Además, dijo que una acción civil contra su colega “está prescrita” y ante la oferta de 3 millones de pesos, “nos pareció correcta recibirla”. Es decir, era la oportunidad de cobrar algo de los 26,2 millones de pesos.
El convenio quedó en el ojo de la tormenta cuando Fiscalía de Estado pidió que se investigue y que se embarguen los fondos de la transacción, ya que presume que la plata proviene de juicios de expropiaciones en los que se cometieron irregularidades, es decir, que es mal habida. Graffigna está en la mira, porque sospechan que fue el actor principal en los procesos en los que presuntamente existió una red de jueces, funcionarios y abogados que inflaron los precios de los inmuebles para que el Estado pagara de más.
La raíz del acuerdo son los casos Guillermo Ruiz y Suraty. En el primero, San Vicente de Paul cedió los derechos de un terreno de 1.500 m2 por 2 mil pesos e inició, patrocinado por Graffigna, el juicio contra la provincia porque nunca se pagó la expropiación que se hizo para abrir una calle y construir veredas. Por ese proceso, se pagaron 25 millones de pesos. En el segundo caso, San Vicente le vendió el 65 por ciento del juicio a Suraty y el 35 por ciento a Mónica Almeida, quien luego lo cedería a Celina Infante. La sociedad recibió 15 mil pesos por la operación, a pesar de que ya había sentencia favorable de la Justicia Civil por casi 1,2 millones de pesos. Este juicio estaba en manos de la jueza Miriam Bettio y el proceso duró 10 años. La magistrada fue recusada por Infante y la causa quedó en manos de Rosalba Marún de Sobelvio, quien en menos de 2 meses ordenó los pagos. En Fiscalía de Estado señalan que el abogado sabía en qué juzgados debía litigar, como el de Marún, dado que sabía que iba a obtener fallos favorables. Tras la declaración de Morales, la jueza Rosellot debe resolver si traba un embargo sobre el dinero que pagó Graffigna por ser “fruto del árbol prohibido”.