En algo más de un año, la medición judicial le permitió a la provincia evitar ir a juicio en 29 demandas y así se ahorró de pagar una cifra millonaria. Los abogados de Fiscalía de Estado lograron acordar con la contraparte y en lugar de tener que pagar 2.270.000 pesos que le reclamaban, desembolsó nada más que 220.000. Los datos son parte de un informe de Asesoría Letrada de Gobierno, que mide el éxito que tiene este innovador tipo de procedimiento en los procesos donde el Estado es parte.
La mediación es una vía alternativa para resolver los conflictos civiles, pero sólo se aplicaba entre los particulares (Ver Los pasos). En los procesos donde interviene el Estado -sea como actor o demandado- es obligatoria desde 2005, cuando se sancionó la ley 7675. La norma dice que sí o sí el caso tiene que ir a mediación para que las partes tengan la chance, con la participación de un mediador, de acordar o transar antes de ir a juicio. El objetivo principal es evitar el aumento de la litigiosidad y darle una solución rápida a los reclamos.
La ley se empezó a aplicar en 2007, pero hay estadísticas precisas a partir del año pasado. Según el informe de la Asesoría Letrada de Gobierno, entre enero de 2009 y abril de 2010, fueron a mediación 67 planteos en los que el Estado sanjuanino era parte. De esa cantidad, dicen las estadísticas, en 29 hubo acuerdo y no fue necesario llegar a juicio. Es decir, en el 43 por ciento de los casos.
Las 29 acciones contra la provincia fueron por distintos hechos y en conjunto sumaban un reclamo de 2.270.000 pesos. Los números del organismo oficial indican que los abogados del Estado llegaron a un acuerdo con los demandantes para pagar solamente 220.000 pesos. Significa que, además de evitar el desgaste de tener que poner a funcionar el aparato para enfrentar un largo proceso, las arcas públicas se ahorraron 2.050.000 pesos.
La asesora letrada de Gobierno adjunta, Lucía Sánchez, contó uno de los casos de mayor cuantía que se solucionaron vía medición. La provincia y tres médicos de Salud Pública fueron blando de un reclamo de 800 mil por un particular que decía haber sido víctima de una mala praxis. Finalmente, los abogados del Estado consensuaron con el actor un resarcimiento de 60.000 pesos y el Estado sólo puso 27.000, porque el resto fue por cuenta y orden de los médicos.
El ahorro de dividendos públicos es la contracara de los últimos dolores de cabeza que ha tenido el gobierno en algunos juicios. Son recordadas las ejecuciones contra deudores del Residual del Banco San Juan que fueron mal manejados por dos profesionales del Estado y que significaron un revés de 11 millones de pesos en concepto de honorarios. Se suman las expropiaciones que la gestión giojista determinó recientemente que fueron tramitadas con negligencia y que determinaron sentencias contrarias por montos desmedidos.
La mediación en el Estado se aplica para las causas por daños y perjuicios, las que más se repiten, expropiaciones, mala praxis, diferencias salariales, desalojos de viviendas por incumplimientos con el IPV, entre otras cosas. Los procesos que no son alcanzados por esta herramienta son los juicios ejecutivos que hoy mantienen abarrotados los juzgados de Paz, por ejemplo, los que promueve Rentas contra los deudores de impuestos.
La mediación se ha convertido también en una vía de gran utilidad para los particulares y para el Poder Judicial, que ve acortados significativamente los procedimientos y puede intentar contrarrestar la morosidad. Según la titular del Centro de Mediación, Delia Quintar de Massara, "entre un 40 y un 43 por ciento" de los procesos se resuelven por esta vía.