El gobernador Sergio Uñac selló ayer el acuerdo para que la Nación aporte el 50 por ciento del financiamiento de la primera etapa de la construcción de la Ciudad Judicial. Este medio había adelantado en noviembre la decisión de la administración central, la que, después de pasos técnicos, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación avaló el proyecto y comprometió los recursos. El titular de la cartera de Obras de la provincia, Julio Ortiz Andino, calculó que la licitación se hará a fines de febrero o, a más tardar, a principio de marzo, mientras que estimó el inicio de los trabajos en junio. El plazo de ejecución está previsto entre 24 y 30 meses.
La ayuda de Nación es vital, ya que ese 50 por ciento debía afrontarlo la gestión uñaquista. La otra mitad la pondrá el Poder Judicial, a través del Fideicomiso que se constituyó para la obra y que ya se ha ido utilizando en diferentes ítems. La primera etapa consiste en la colocación de los cimientos de tres bloques de edificios y la construcción de uno de ellos, con una superficie de 25.000 metros cuadrados. El valor de esa parte se había fijado en 8.159 millones de pesos a septiembre de 2021. Por los efectos de la escalada inflacionaria, Ortiz Andino había calculado en noviembre del año pasado que el costo estaría en 20 mil millones de pesos. De esa manera, el monto deberá actualizarse y definirse cuando se produzca el llamado a licitación para que se anoten y compitan grupos de empresas para quedarse con la obra.
La Ciudad Judicial es una apuesta de vieja data del Poder Judicial para concentrar en un solo lugar los distintos juzgados y organismos que se encuentran desperdigados en la zona céntrica, ya que el viejo edificio de Tribunales (el 25 de Mayo) ha quedado chico. El proyecto atravesó distintas idas y vueltas sobre el inmueble en el que se emplazará, hasta que finalmente se decidió que estará ubicado sobre Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral, en Capital, frente al Hiper Libertad (ver infografía).
Tras la reunión que mantuvo el Gobernador con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, su par sanjuanino de la cartera de Obras indicó que "en los próximos 15 días nos darían la No Objeción Técnica", un requisito técnico importante para hacer el llamado a licitación. A esa instancia se llegó luego de que "desde Nación nos pidieron que cargáramos el proyecto a un sistema informático con el que cuentan, lo que hicimos y ya fue aprobado", resaltó el funcionario uñaquista.
La obra no sólo tendrá un impacto para el Poder Judicial, ya que generará mano de obra en construcción, además de que se requerirán insumos y materiales, como hierro, áridos, cemento, sumado a los posteriores detalles finos, como instalaciones eléctricas e informáticas, entre otras.
Desde la Corte de Justicia habían señalado que apuntan a trasladar al primero de los módulos, que es el que se construirá, a los organismos que hoy ocupan inmuebles alquilados, como el fuero Civil, que se encuentra en el edificio llamado Anexo Jujuy, frente al Foro de Abogados, y el fuero Laboral y de Familia, que funcionan en el Anexo Mitre, en lo que era el ex Banco BUCI. De esa manera, habrá ahorros porque se dejará de pagar en alquiler. La segunda fase, a futuro, contemplará el área Penal, mientras que en la tercera estará la Corte y áreas administrativas. Cada una de las estructuras tiene 25 mil metros cuadrados, además de que habrá un subsuelo de 20 mil metros cuadrados.
Vaivenes
La Ciudad Judicial se venía planificado desde 2008 como una interconexión entre el edificio 25 de Mayo (palacio de Tribunales) y el 9 de Julio, que fue sede de reparticiones gubernamentales, las que fueron trasladadas al Centro Cívico, por lo que el lugar quedó desocupado. Pese a que se avanzó con la idea, todo se frenó porque este último edificio tenía problemas estructurales y de espacio.
Así, la gestión uñaquista avanzó con llevar la Ciudad Judicial a la ex bodega del Estado Cavic. Sin embargo, en septiembre de 2021 se dio a conocer un nuevo cambio de lugar, al predio frente al Hiper Libertad. Según habían explicado autoridades de Gobierno, en la exbodega estatal se debían derribar cuatro edificios, lo que tenía un costo millonario. Además, se debía hacer una relocalización de las más de 150 familias que viven en 110 viviendas del Barrio Costa Canal I, el cual está pegado a la exbodega. En ese marco, había que buscar terrenos cercanos para trasladar a los grupos familiares, tarea que no se pudo lograr. A eso se le suma que la construcción de un nuevo barrio hubiera implicado más recursos. Así, hubo dos costos extra que se hubiesen sumado.