La reforma que Cristina Fernández de Kirchner quiere introducir en el Código de Procedimiento Penal nacional, hizo renacer una vieja idea que quedó en el camino en San Juan. Uno de las modificaciones que propone la jefa de Estado es que la investigación en las causas pase a manos de los fiscales y si bien aquí es ley hace más de una década, nunca se aplicó. En Casa de Gobierno toman el proyecto de la Rosada como un convite, por lo que José Luis Gioja decidió armar una comisión de juristas para que analice y resuelva cómo poner en funcionamiento el nuevo mecanismo. El plan, según dijo el mismo gobernador, es hacerlo de manera progresiva.

La investigación fiscal o sistema acusatorio se incluyó en el Código de Procedimiento Penal de la provincia a fines del año 2003, en un intento por tener más efectividad a la hora de resolver las causas penales. Sin embargo, hasta estos días, no se ha puesto en funcionamiento por razones presupuestarias. El gobernador fundamentó la decisión política de implementarlo ahora en que “es indudable que al enviar este proyecto al Congreso, la Nación está invitando a las provincias a hacer lo mismo”.

En la práctica, el remozado modelo implica un cambio profundo en la forma de instruir las causas que se abren en la Justicia local por la comisión de delitos. Actualmente, al igual que en la Justicia Federal, los jueces provinciales investigan y resuelven. A partir de la aplicación de la reforma sancionada hace 11 años, la primera tarea será facultad de los agentes del Ministerio Público y los magistrados sólo se tendrán que dedicar a controlar la legalidad del proceso y a dictaminar sobre la situación de los imputados.

En las provincias que ya cuentan con el sistema acusatorio, los fiscales están en las comisarías o dependencias especialmente montadas para recolectar pruebas. Inclusive, muchos de ellos se especializaron en distintos tipos de crímenes. Para eso, el Estado tuvo que destinar recursos a la designación de más agentes del Ministerio Público y de personal judicial auxiliar, y a capacitación de los mismos.

Todos esos detalles son los que tendrá que definir la comisión de especialistas que piensa armar el Poder Ejecutivo, que estará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia que depende del Ministerio de Gobierno. Además, si la puesta en marcha será paulatina, deberá resolver por dónde empezar y qué zonas abarcar.

Por ahora, no se sabe quiénes integrarán el grupo de trabajo. Gioja aseguró que los miembros y el plazo para tener listo el trabajo “son cosas que estamos estudiando”. De todos modos, a juzgar por experiencias anteriores, se da por descontado que habrá funcionarios del Ejecutivo, jueces y fiscales.

La reforma kirchnerista es mucho más amplia que la investigación fiscal. Entre otras cosas, fija en un año el plazo máximo para terminar de instruir las causas, un periodo que va hasta 30 días posteriores para elevarlas a juicio, sanciones para aquellos jueces o fiscales que no cumplan con los términos impuestos y que las audiencias sean de carácter oral exclusivamente. Gioja no descartó la elaboración de un proyecto de ley para replicar en San Juan esos puntos, aunque destacó que “el objetivo principal” es echar a andar el nuevo mecanismo de investigación.