A poco tiempo de terminar su mandato como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, el juez federal Miguel Angel Gálvez habló de intentos del poder político, especialmente del oficialismo, por forzar fallos o decisiones en ese cuerpo. "Muchas veces se nos ha presionado indirectamente o con discursos para obtener determinadas resoluciones". El organismo tiene la sensible tarea de seleccionar y promover la remoción de los magistrados federales y según el sanjuanino, las arremetidas políticas se verían relativizadas si avanza el proyecto de la oposición para "equilibrar" la composición.
Gálvez, que viene del peronismo, desnudó el contexto de presiones a partir de su análisis de la propuesta que hay en el Congreso para ampliar la cantidad de miembros en el organismo, que no hace otra cosa que dar marcha atrás con la polémica poda que promovió el gobierno kirchnerista. Hoy está integrado por 13 miembros, la mayoría son políticos y un acuerdo de los oficialistas permite trabar cualquier resolución que se deba tomar con los dos tercios: hay tres jueces, dos abogados, un académico, cuatro legisladores nacionales del oficialismo, dos de la oposición y un representante del Ejecutivo. El proyecto de reforma lleva el número total de integrantes a 18, manteniendo la misma cantidad de políticos y agregando dos abogados, un juez y dos académicos.
El sanjuanino opinó que "hay que despolitizarlo bastante y hacerlo más equilibrado para evitar la preeminencia política de un sector sobre el resto; los proyectos que hay van en ese sentido y estoy de acuerdo", señaló. Además, opinó que de esa forma "creo que se van a relativizar las presiones del poder político".
En respuesta a una pregunta de este diario, el magistrado habló de presiones "a favor o en contra de algún magistrado o por alguna medida a tomar en el Consejo" y dijo que "en todas las épocas, todos los poderes políticos intentan tener influencia en la designación o en las decisiones judiciales". Y aunque aclaró que "no son presiones entendidas como un llamado que te dice tenés que hacer esto porque si no te va a pasar esto", no quiso dar más detalles. Salvo un caso que lo sacó de las casillas y que pone en evidencia la puja entre el sector partidario, por un lado, y los abogados y jueces por el otro (Ver aparte).
A juzgar por las palabras de Gálvez, el intento por influir en las resoluciones del organismo nacional viene del kirchnerismo, que tiene al peronismo como su principal base de sustentación. El juez aseguró que su incursión nacional trajo como consecuencia "una tragedia personal, porque yo vengo de un sector político y casi he tenido que ir a enfrentarme en el Consejo de la Magistratura con quienes representan ese sector político".
Gálvez abandonará su cargo en el Consejo el 17 de octubre, porque ese día asumen los jueces y abogados que fueron elegidos por cuatro años más. Así, San Juan dejará de tener una pata en donde se cocinan decisiones de peso para el funcionamiento de la Justicia Federal (Ver página 5).
De la mano de la coyuntura, el juez federal disparó de nuevo contra el kirchnerismo, esta vez por elevación, por su apoyo a la negativa del gobernador santacruceño Daniel Peralta de reponer en el cargo al procurador General de la provincia. "No me parece un buen espectáculo este que se está brindando contra una sentencia de la Corte Suprema, donde se quiere hacer una manifestación para protestar contra el fallo que ordena reponer a un funcionario que hace 15 años fue echado+, sentenció.