Las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile entraron ayer en un terreno escabroso por la decisión de Argentina de otorgar el asilo político al ex guerrillero trasandino, Sergio Galvarino Apablaza Guerra del que el Gobierno de Santiago venía pidiendo su extradición desde hace años.
El propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó ayer de "golpe a la causa de los derechos humanos en Chile" la decisión argentina de conceder refugio político a Apablaza Guerra, sindicado como autor intelectual del asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán.
"Es un golpe y significa un retroceso en la causa de los derechos humanos en Chile, en la causa de la Justicia en Chile", dijo el mandatario a los periodistas, en el Palacio de La Moneda.
La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Argentina otorgó el jueves el beneficio de refugio político al ex guerrillero chileno horas después de que Chile advirtiera a Argentina que considerara la extradición de Apablaza como un "asunto de Estado" y señalara que no encontraba "explicación razonable alguna" para que se le concediera asilo político.
"Lo normal es que la Justicia chilena hubiera podido terminar de conocer esta causa y aplicar nuestra legislación y las sanciones que corresponden", afirmó Piñera, que aseguró que la decisión de la Conare "no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina".
En el mismo sentido se pronunció el canciller en funciones, Fernando Schmidt, que además anunció que el Gobierno chileno seguirá adelante con sus gestiones para lograr la extradición de Apablaza, aunque no precisó cuáles serán esas gestiones.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, Alejandra Sepúlveda, calificó la decisión del Gobierno argentino de "lamentable e inaceptable".
"No es comprensible que en definitiva se nos diga que nuestros tribunales no son objetivos para poder juzgar a Apablaza, lo cual parece ofensivo a nuestro Estado de derecho y a la Justicia chilena", agregó.
Chile solicita a Argentina la extradición del ex líder de la guerrilla Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) desde el año 2005, a petición de la Corte Suprema, que reclama al ex guerrillero para procesarlo por los delitos de asesinato y secuestro.
Apunta, además, que "la comparecencia del ciudadano Apablaza ante la Justicia constituye un paso ineludible para esclarecer un crimen que hasta hoy permanece impune".
El máximo tribunal de Argentina autorizó la extradición del ex guerrillero, pero aclaró que esta decisión quedaría anulada si se le concedía asilo político.
Bonadío decidió la semana pasada que el antiguo jefe del FPMR permaneciera en libertad hasta que el Gobierno definiera su solicitud de refugio político.
El caso puso en una encrucijada al Gobierno argentino, que por un lado ha recibido presiones de organismos humanitarios para aceptar el asilo político, pero también los reclamos de la oposición para que diera luz verde a la extradición.