El exfiscal federal Juan Carlos Yannello no pudo ser detenido ayer por la causa en la que está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. El juez mendocino Walter Bento dispuso su arresto y según le confiaron a este diario fuentes calificadas, un grupo de efectivos policiales llegó en horas de la siesta al domicilio del exfuncionario y no estaba. Aparentemente se encuentra fuera de la provincia por razones de salud y podría presentarse en las próximas horas.
El mandato de detención de Yannello se esperaba de un momento a otro. Esto, porque en abril la Cámara Federal de Mendoza cambió la carátula de la causa que lo involucra y lo procesó por graves delitos que habría cometido durante la dictadura en su rol de fiscal de primera instancia: ser partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación.
Tras un pedido que había hecho la fiscal ad hoc Gema Guillén, Bento ordenó ayer el apresamiento del exfuncionario. Pero no se pudo llevar a cabo. Las fuentes aseguraron que los uniformados de la Policía Federal allanaron su casa de calle General Acha, en el centro, y no lo encontraron.
Ante la requisitoria policial, los familiares explicaron que Yannello está fuera de San Juan. Supuestamente se encontraría en Buenos Aires y sería por una afección de salud, dijeron fuentes confiables. De todos modos, aseguraron que hoy mismo regresaría para ponerse a disposición del magistrado de la causa.
Yannello es contemporáneo al exjuez Mario Gerarduzzi, ya fallecido, y es el único exfuncionario judicial de San Juan que está procesado en una causa por las atrocidades del régimen de facto que gobernó en la Argentina entre 1976 y 1983. Como fiscal federal debió atender e investigar las denuncias de aquellas personas que fueron víctimas de la mano militar, pero lo acusan de haber recibido planteos de ese tenor y no hacer nada al respecto.
La situación del exfiscal comenzó a complicarse a partir del pedido que hicieron los abogados querellantes Margarita Camus, Fernando Castro y Roberto Scherbosky, que en el megajucio que se celebró en San Juan representaron a las víctimas. El Ministerio Público se hizo eco y solicitó que fuera indagado y que se ordenara su arresto. Por las inhibiciones de los jueces locales que alcanzaron a trabajar con él unos años, el caso recayó en Bento, quién lo procesó sólo por el incumplimiento de sus deberes y siguió en libertad.
Después vino la resolución de la Cámara Federal de la vecina provincia, la que agravó aún más su condición. Y el abogado defensor Justiniano Martínez no sólo que recurrió ante la Cámara de Casación Penal, sino que también presentó un escrito cuestionando el pedido de la fiscal Guillén.
En el marco de los delitos cometidos en los años de plomo, ayer se conoció otra novedad. El Ministerio Público solicitó la unificación de cuatro causas que involucran a exmilitares que cumplieron funciones en el RIM 22 (ver recuadro).