El juez de Garantías Diego Sanz envió ayer a juicio al forense del Poder Judicial, Eduardo Recabarren, quien fue acusado por Fiscalía de cometer una serie de abusos sexuales gravemente ultrajantes contra una niña cuando tenía entre seis y ocho años. En ese marco, los representantes del Ministerio Público habían solicitado que, cuando se realice y finalice el debate, sea condenado a 9 años de prisión. Por su parte, los defensores Franco Montes y Marcelo Fernández sostuvieron la inocencia del médico y cuestionaron la imputación que realizó el fiscal Eduardo Gallastegui, ya que indicaron que de su relato se desprende que al menos ocho hechos fueron expresados de manera genérica, sin especificación concreta de tiempo, modo y lugar, "con el único fin de agravar la situación de Recabarren, sin brindarle la posibilidad de defensa", remarcaron los abogados.
El caso representa otro escándalo de un integrante del Poder Judicial implicado en un hecho delictivo. Recabarren lleva unos 15 años como forense en la Corte de Justicia, donde cumplía funciones en el llamado Laboratorio Forense. Montes explicó que el médico sigue prestando tareas, aunque fue trasladado al edificio de Tribunales. Recabarren transita el proceso judicial en libertad, luego de haber estado con prisión domiciliaria.
Los otros funcionarios judiciales que están en la mira por otra causa son Mario Parisí y Juan Pablo Ortega. El primero se encuentra imputado por provocarle lesiones y amenazar a su expareja, mientras que el segundo está bajo la lupa por el delito de encubrimiento, al tratar de influenciar a la víctima para que cambie su versión y desligue a Parisí, según la acusación fiscal.
El médico estuvo con prisión domiciliaria y ahora transita el proceso en libertad.
El caso de Recabarren estalló el 29 de diciembre, aunque los hechos que los complicarían se habrían conocido el 17 de noviembre pasado, en la escuela a la que concurre la niña que hoy tiene 12 años. Fue en las "Jornadas de Buen Trato" en la que una docente la vio triste y le preguntó qué le ocurría. Entonces, la nena dijo que el forense la habría manoseado entre los seis y los ocho años y lo reiteró ante la directora. Más tarde, aportó más detalles ante una psicóloga del ANIVI, la que los calificó como creíbles.
Por su parte, Montes y Fernández señalaron que han ofrecido testimonios de docentes y psicólogos de una escuela a la que asistía la menor, los que revelarían sus padecimientos, pero que no son atribuibles a Recabarren. Tras la denuncia, el médico pasó casi dos meses con prisión preventiva domiciliaria, hasta que logró la excarcelación.
Por otro lado, Fiscalía le pidió al juez de Garantías una reparación de 300 mil pesos, pero Montes remarcó que con Fernández se opusieron porque ese punto lo tiene que solicitar la parte damnificada, a través de un querellante. Además, sostuvo que el Ministerio Público persigue la determinación de una pena "y no una indemnización que es una cuestión particular del damnificado". Tras los planteos, el defensor dijo que Sanz les dio la razón.
El juez de Garantías llevó adelante lo que se denomina el auto de apertura a juicio, lo que con el viejo sistema era la elevación de la causa a juicio. Así, el forense enfrentará un debate, el cual presidirá otro magistrado, de forma unipersonal, cuya fecha se definirá a través de la Oficina de Gestión Judicial.
El forense enfrenta una calificación de abuso sexual gravemente ultrajante, la que tiene penas que van de 4 a 10 años de cárcel. Es una acusación provisoria, la que se confirmará o no durante el juicio.