A contramano de las afirmaciones del gobernador José Luis Gioja, quien destacó la gran cantidad de obras públicas ejecutadas en la provincia con ayuda del Gobierno nacional, ayer hubo quejas hasta entre los funcionarios de las provincias más cercanas a la administración de Cristina Fernández por la reducción en el envío de recursos para ejecutar obras.
Algunos dijeron que hasta tuvieron que poner recursos provinciales, aunque otros fueron más cautos y lo atribuyeron a la crisis financiera internacional del año pasado.
En una ronda de consultas a la mayoría de los funcionarios del área de Obras Públicas que participan en el encuentro del CIMOP, una de las voces más críticas fue la de la ministra de Obras Públicas e Infraestructura de San Luis, la contadora Stella Rubino de Catalfamo. Mencionó que su provincia ha hecho una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando unos 1.100 millones de pesos producto de la discriminación que habría recibido esa provincia en los presupuestos nacionales desde el 2003 a la fecha.