El proyecto de ley que crea un procedimiento ágil para juzgar a los delincuentes que son sorprendidos con las manos en la masa está casi listo. La iniciativa establece que no podrán pasar más de 17 días hábiles desde la detención del sospechoso hasta la celebración del juicio y la sentencia, en un intento por acortar los plazos de resolución de causas y reducir la cantidad de casos que quedan impunes. En el Gobierno lo quieren tener en funcionamiento no más allá de marzo del año que viene.
El nuevo procedimiento supone un cambio radical en el trámite penal. Acostumbrados a las causas que pueden durar años y no terminan nunca, la decisión oficial es implementar un trámite exprés de tan solo dos audiencias para los delitos flagrantes. Esto es, cuando una persona es descubierta mientras comete un delito o bien cuando inmediatamente después le encuentran elementos o pruebas que lo incriminen.
El proyecto comenzó a elaborarse en la gestión anterior, tras un tiempo de debate quedó congelado y la administración uñaquista tomó la decisión de reflotarlo junto a especialistas del Poder Judicial. En el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, Baistrocchi aseguró ayer que entre la semana que viene y la otra lo mandarán a la Cámara de Diputados para que se convierta en ley y calculó que en marzo del año que viene estará todo listo para ponerlo en marcha.
La iniciativa establece que el fiscal tiene entre 24 y 48 horas para presentar al sospechoso ante el juez y si este determina que hay flagrancia y las partes no acuerdan un método alternativo (como el juicio abreviado o la probation), cuenta con un plazo de hasta 7 días hábiles a partir de la detención para celebrar la segunda audiencia, es decir la del juicio oral propiamente dicho, y dictar sentencia. No obstante, el representante del Ministerio Público o el abogado defensor pueden pedir una prórroga de 10 días si quedó alguna prueba por producir.
En definitiva, dependiendo de si hay prórroga o no, el magistrado tendrá hasta 17 días laborales desde la aprehensión para hacer el juicio y condenar o absolver al acusado. Dicho de otra forma, a contrapelo de lo que pasa con los juicios ordinarios, en un plazo muy breve se sabrá si el imputado es culpable y cuál es la eventual pena que debe cumplir.
El periodo de tiempo es sensiblemente menor al que contempla el proyecto de flagrancia que esta semana recibió media sanción de la cámara baja del Congreso y al que está vigente en otras jurisdicciones que ya cuentan con el procedimiento. En la Nación se fijan 35 días para las causas que están bajo la órbita de la Justicia Federal y en la provincia de Mendoza son 30.
Como en los otros distritos, aquí el sistema no será para todos los delitos. Se podrá aplicar en aquellos con penas que van más allá de los 3 años de prisión y hasta un máximo de 15 (es decir, no entran los homicidios), entre los que se encuentran hurto agravado, robo simple, robo calificado, portación de armas y lesiones graves. Los que quedan excluidos son todos los correccionales (de castigos menores a 3 años) , los culposos (cometidos sin intención) y los abusos sexuales.
Los delitos que encuadran en el nuevo mecanismo son los más comunes, por lejos constituyen el grueso de la estadística provincial y de acuerdo a lo que reconocen en Tribunales, generalmente quedan en la nada. Por el cúmulo de denuncias que ingresan al fuero Penal, los magistrados se concentran en esclarecer los hechos más graves y los hurtos y robos casi siempre prescriben, por lo que los autores no son castigados y encuentran el contexto para seguir en libertad.
Para implementar la futura ley, hará falta dotar de más organismos al Poder Judicial. Baistrocchi contó ayer que el plan es crear cuatro juzgados y la misma cantidad de fiscalías, para que se dediquen únicamente a los procesos contra los que son sorprendidos in fraganti. Eso, estiman, permitirá descomprimir en un 60 por ciento a los juzgados de Instrucción.
Toda esa estructura necesita de una importante inyección presupuestaria. El ministro la dio por hecho, debido a que “la decisión política del gobernador Sergio Uñac y la Corte de Justicia es avanzar” con el nuevo procedimiento.