Si prospera un proyecto de ley que está elaborando el Poder Ejecutivo, el fiscal de Estado de la provincia, Guillermo De Sanctis, podrá actuar bajo la figura de un acusador especial y en forma conjunta con el fiscal General de la Corte en los Jury de Enjuiciamiento, el proceso de destitución de los jueces, en los casos en los que se vea afectado el patrimonio de la Provincia. La posibilidad surgió en medio de la investigación judicial por la causa de las expropiaciones y cuando están en la mira de la Justicia 3 jueces.

Se trata de Rosalba Marún, la titular del Primer Juzgado Civil, quien está denunciada penalmente por su presunta actuación irregular en casos de expropiaciones y viene de renunciar para esquivar el Jury en su contra, aunque recién dejará el cargo a partir de enero. Según fuentes calificadas, el otro magistrado que podría seguir el mismo camino es Carlos Macchi, del Quinto Juzgado Civil. Y el tercero bajo la lupa es Roberto Pagés, extitular del Cuarto Civil y actual camarista en ese fuero.

Están sospechados en el marco de la llamada megacausa de las expropiaciones, en la que se investiga la existencia de una red delictiva de jueces, abogados y funcionarios que operaban para que el Estado terminara pagando cifras millonarias por inmuebles expropiados.

La intención oficial, según confirmó De Sanctis, es que el proyecto sea tratado en la prórroga de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo es mayoría y por eso se descuenta su aprobación.

La idea es modificar la Ley 7136, que regula el funcionamiento del Jury de Enjuiciamiento, que es el procedimiento de remoción de jueces, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, el contador y el tesorero de la provincia. Y consiste en incorporar la figura del acusador especial, una especie de querellante, cuando se vea perjudicado el patrimonio del Estado.

Ese acusador es el que estará habilitado a participar primero en instar y dinamizar la causa y si hay decisión de avanzar en la acusación puede pedir la producción de pruebas, participar en los alegatos y, por supuesto, estar presente en el proceso.

“El fiscal de Estado intervendrá cuando de los hechos por los que se denuncia por ejemplo a un juez surja que hay interés de la Provincia”, dijo De Sanctis.

Otra modificación en análisis es la posibilidad de que los particulares en los casos en los que sean denunciantes de un juez, puedan actuar como acusadores particulares, a través de un abogado.