Luego del análisis de la denuncia y la apertura de la investigación, Fiscalía decidió archivar la causa por presunto enriquecimiento ilícito y evasión contra el presidente del Pro sanjuanino, Enzo Cornejo. Entre los puntos principales, la resolución señala que la adquisición "de un solo inmueble" por parte del dirigente, uno de los ejes de la acusación de un afiliado, "está lejos de evidenciar lo que se entiende por un ostensible incremento patrimonial". En ese contexto, en el Ministerio Público Fiscal destacaron que la denuncia no contiene "ni siquiera" los indicios suficientes para imputarle tales delitos en la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, por lo que desestimaron el planteo.
La causa había provocado revuelo, ya que el afiliado Mario Ortiz había presentado la denuncia contra Cornejo el 1 de septiembre, justo el día de la visita de uno de los principales referentes del Pro nacional, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El tema estalló en plena conferencia de prensa y el presidente del partido local, molesto, había resaltado que todo es "mentira" y que "cada vez que venía una autoridad nacional teníamos estas situaciones de falsas denuncias", además de meter al Gobierno en su descarga, en lo que fue un tiro por elevación.
La resolución que desestimó y archivó el expediente trascendió ayer y lleva la firma de Iván Grassi y Adrián Riveros, fiscales coordinadores de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. El dictamen se da luego de la denuncia de Ortiz, quien expuso que, en 2016, apenas unos meses después de asumir al frente del Enacom, Cornejo adquirió un inmueble de grandes dimensiones en Zonda, sobre el que estimó un valor de venta en el mercado de unos 30 millones de pesos. Además, destacó que el hoy diputado "y su familia tienen un elevado nivel de vida, con viajes de vacaciones al exterior y vehículos nuevos". No fue lo único, ya que Ortiz recordó el caso de María Eugenia Raverta, quien expuso en el Tribunal de Disciplina del Pro que, en 2015, le había entregado 380 mil pesos a Cornejo (por entonces secretario General del partido) para su candidatura como concejala de Capital. El denunciante resaltó que no hay registro contable de tal suma, al igual que aportes de personas del partido que ocuparon tanto cargos públicos en diferentes organismos nacionales como en cargos electivos, por lo que planteó el delito de evasión.
En primer lugar, en el Ministerio Público destacaron que de la denuncia no surge que Cornejo haya omitido la presentación de su declaración jurada de bienes y que haya existido un pedido para que la efectúe por parte de la Escribanía Mayor de Gobierno, tal cual lo indica la ley de Ética Pública. Por eso, indicaron que, para que se configure el enriquecimiento ilícito, debe existir "un debido requerimiento de justificar el incremento patrimonial". Pero, además de ese deber formal, "lo determinante es la ilegitimidad del enriquecimiento de quien ejerce un cargo público", resalta la resolución. Así, remarcaron que "el señalamiento de adquisición de un solo inmueble, lejos está de evidenciar lo que se entiende por un ostensible incremento patrimonial", sumado a que el denunciante no informó "destinos ni fechas de los viajes". Además, agregaron que Ortiz puso la lupa contra Cornejo cuando cumplió funciones en el Enacom, un ente nacional bajo la competencia de la Justicia Federal, al igual que el delito de evasión.
Los aportes
Sobre el aporte de la entonces concejal Raverta a Cornejo como secretario del Pro, Fiscalía sostuvo que no están en juego dineros públicos, por lo que una eventual denuncia debe tramitarse en el viejo sistema penal, además de posible acción disciplinaria del partido.