El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, dio a conocer que tiene previsto hacer una presentación judicial el lunes, el primer día hábil tras la feria judicial, para solicitar que se le dé participación al organismo en el proceso que se inició cuando la empresa minera Glencore, dueña de El Pachón, denunció a su par chilena, Los Pelambres, por arrojar escombros en su territorio, del lado argentino.
La Fiscalía decidió involucrarse en la demanda “representando a la Provincia de San Juan y por los derechos colectivos del Estado y su población, como lo son el derecho a un ambiente sano”, sostuvo De Sanctis, y aclaró que lo hace “abogando por los bienes patrimoniales de la provincia y su población”, sin fijar posición por ninguna de las partes en los intereses individuales que estén en juego.
La decisión tiene sustento en el propósito de ratificar que la Provincia no participa de la discusión de los intereses económicos y de otra naturaleza en el conflicto entre las dos empresas. “El interés exclusivo es, como autoridad de aplicación de sus bienes y recursos patrimoniales, abogar por los mandatos constitucionales que consagran los artículos 41º de la Constitución Nacional y 58º de la Constitución Provincial, expresó. Esos artículos consignan que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrada. El Estado tiene como obligación prevenir y controlar la contaminación y sus efectos”.