Después de años de promesas y en medio del revuelo por las últimas designaciones, la Corte de Justicia decidió llamar a concurso para cargos administrativos. De acuerdo a una resolución firmada ayer por los cinco ministros del máximo tribunal, las vacantes a cubrir inicialmente son 96 y los interesados se deberán inscribir entre el 22 y el 31 de diciembre. Los aspirantes deberán atravesar el año que viene a distintas pruebas de conocimiento, pero no recibirán puntaje ni habrá orden de mérito y los cortistas serán los encargados de elegir a los que ingresan.

La última vez que hubo concursos en el Poder Judicial fue en 2005 y la cosa no terminó bien. La Corte de Justicia abrió un proceso para el ingreso de empleados y una aspirante salió a denunciar que se habían filtrado respuestas para favorecer a algunos acomodados. Tal fue la polémica, que se abrió una investigación penal y los exámenes se tuvieron que reformular.

La convocatoria sale apenas unos días después del último escándalo que se desató con los nombramientos judiciales. La semana pasada se conoció que la Corte de Justicia cubrió con ordenanzas 43 vacantes administrativas, en lugar de haber llamado a concurso como lo manda la ley para ese escalafón. Y el martes fueron designados 46 ordenanzas que, a juzgar por experiencias anteriores, tendrán la misma suerte sin atravesar ningún filtro. Todo derivó ayer en un unánime pedido de explicaciones de los diputados a los cortistas, en un día que tuvo novedades antagónicas para el máximo tribunal en el recinto de Las Heras y Libertador (ver recuadro).

El revuelo viene de hace rato. La Constitución dice en su artículo 45 que los cargos administrativos del Estado se deben cubrir por concurso, pero en la última década el máximo tribunal se las arregló desoír esa obligación y acomodar a quien quería. Nombró personal en ese estamento en forma directa e hizo ingresar gente al escalafón de maestranza y después la promovió al administrativo sin ningún examen que determine si es idónea.

El nuevo llamado a concurso está firmado por los cinco cortistas, Juan Carlos Caballero Vidal, Humberto Medina Palá, Abel Soria, Adolfo Caballero y Carlos Balaguer, y los cargos disponibles, por ahora, son 6 de auxiliar y 90 de escribiente. La cantidad crecerá en los próximos meses, ya que hay un proceso de ascenso que dejará más puestos libres.

El número de vacantes llamó la atención, porque desde el máximo tribunal habían dicho este año que eran unas 150 y el concurso es por 54 puestos menos. En Tribunales lo atribuyeron a dos cuestiones. Por un lado, con la promoción indebida de ordenanzas se cubrieron muchos de los cargos que se debían concursar y en definitiva, se les quitó posibilidades a los futuros concursantes. Por el otro, afirman que el cupo real es mucho mayor y que sólo se convoca por una parte por razones presupuestarias.

Los interesados en ingresar a la Justicia se podrán anotar a partir del lunes próximo y hasta el último día de este mes en la página web del Poder Judicial. Los exámenes se tomarán el año que viene, pero no hay fecha todavía. La resolución dice que la Corte de Justicia la hará pública a través del mismo sitio de Internet.

El formato del concurso se conoció en junio y deja dudas acerca de la transparencia que ofrece. Pasa que las distintas pruebas de conocimiento a las que serán sometidos los aspirantes no dan puntaje y el listado de los que aprueben no se armará por orden de mérito, por lo que no habrá un parámetro objetivo para establecer quiénes son los que están mejor capacitados. A eso hay que sumarle que la Corte se guardó la facultad de elegir de ese listado a los que tendrán el privilegio de entrar (ver Paso…).

La idea que dieron a conocer originalmente desde el segundo piso de Tribunales, cuando anunciaron por primera vez que iban a llamar a concurso, era que iban a imitar el modelo que se usa en Santa Fe. En realidad sólo se usará el sistema informático. En aquella provincia, el Poder Judicial sí les asigna puntaje a los participantes por cada uno de los exámenes que deben rendir, hay orden de mérito y la discrecionalidad del máximo tribunal es más acotada: en la entrevista que les toma a los aspirantes les puede poner un máximo de 25 puntos, mientras que el resto de las etapas suman 50.