Después de cerca de 30 horas de tensión, culminó en paz la toma del municipio jachallero por parte de un grupo de antimineros que piden el cierre del emprendimiento Veladero. La alarma se había encendido porque se libró ayer una orden judicial para desalojar y detener a los manifestantes que entorpecían el funcionamiento del Ejecutivo comunal y de la Justicia, que funciona en el mismo edificio, lo que podría haber generado reacciones ante el accionar de la Policía. Sin embargo, los asambleístas decidieron retirarse voluntariamente. No es la primera vez que se vive un clima tan caldeado en tan poco tiempo, ya que también se vivieron momentos de tensión cuando el gobernador Sergio Uñac fue a dialogar en la carpa que han levantado en la plaza departamental.
La nueva protesta se desató cuando salieron a la luz los informes de dos universidades sobre los muestreos en ríos de Iglesia y Jáchal. En base al estudio de la mendocina Universidad Nacional de Cuyo, Diego Seguí, uno de los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca, señaló que revela la presencia de mercurio por encima del Código Alimentario Argentino en el agua potable de la localidad jachallera de Mogna, que los niveles de ese metal y de aluminio también están por arriba de la norma nacional en la zona del dique Pachimoco y que este último elemento aparece muy elevado en el río iglesiano La Palca.
En el Gobierno explicaron que están analizando y comparando los últimos resultados, que fueron obtenidos en agosto, con los de meses y años anteriores para ver las supuestas variaciones. En el caso de Mogna, fuentes calificadas dijeron que hay una resolución judicial vigente que obliga al municipio a entregar agua mineral para el consumo humano. Y en el resto de los puntos que se han monitoreado, los valores dan siempre por debajo de lo que indica el Código Alimentario Argentino para el caso del agua potable. Por otro lado, destacaron que personal del Centro de Investigación para la prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami) desde ayer está tomando muestras en los cursos de agua a fin de tener un panorama sobre este mes.
Debido a los análisis, los asambleístas apostaron a que las autoridades dieran a conocer los resultados y el miércoles a eso de las 10 arrancaron con la toma, cuando algunos manifestantes se encadenaron a las columnas interiores del edificio comunal. La protesta se extendió y el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, instruyó al fiscal jachallero para que le pidiera al juez Hugo Quiroga que desalojara a los asambleístas para que no se interrumpiera el servicio de Justicia y le pidió al Ministerio de Gobierno que arbitre las medidas para que el Ministerio Público Fiscal pueda abrir sus puertas. Quattropani aseguró que “no permitir que funcionen las instituciones se parece bastante a un delito de coacción gravada”. El magistrado libró la orden de desalojo y detención de aquellos que se resistieran. Antes, el titular de la cartea política, Emilio Baistrocchi, había señalado que iban a agotar todas las instancias de diálogo, pero que si no habían resultados, cumplirían con la medida. Además, se mostró molesto por el accionar de un “grupo minúsculo”. De todas formas, alrededor de las 16, los antimineros levantaron el reclamo.