Dos ex intendentes de Ullum, Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortiz, tienen fecha para ir a juicio oral y público para el próximo 27 de septiembre, según dispuso la Sala III de la Cámara Penal. Están acusados de haber cometido fraude con la facturación de servicios al municipio en el año 1998. Por aquella época Gil era el jefe comunal y Ortiz era jefe de Patrimonio de la municipalidad. Si son encontrados culpables en el proceso deberán dejar sus funciones actuales porque ambos trabajan para el Estado. Además, quedarán inhabilitados para volver a ocupar cargos públicos. No obstante, el delito por el que se los acusa fija penas excarcelables.

Actualmente, Gil es secretario del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la provincia. Y Ortiz está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, que depende de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas (ver aparte).

Fuentes judiciales informaron que si bien hay fecha para el debate, los abogados defensores de los acusados, que son Rubén Pontoriero, Jorge Alberto Sánchez y Carina García, podrían recurrir a hacer distintos planteos para demorar el inicio del juicio.

Gil y Ortiz no son los únicos acusados. Según figura en el expediente del proceso, Pedro Bravo era el encargado de Compras, conformaba las facturas y cobró algunos cheques. Mario Serrano era el encargado del camping municipal y certificó los trabajos que luego se determinó que no se habrían realizado. María Esther Reinoso era la tesorera y todavía trabaja en el municipio. Era la encargada de autorizar los pagos. A Gil, como jefe de la administración, le atribuyen haber cobrado uno de los cheques. Ortiz era el que pedía los servicios de las empresas.

Hubo un sexto acusado, Hugo Albornoz, pero fue declarado rebelde en el proceso. Por esa razón, la Sala III separó su expediente para que el debate en su contra se haga cuando sea localizado.

La causa se inició por una denuncia en la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan en el año 1998 realizada por ex concejales. Luego, el entonces vicepresidente del Concejo Deliberante, Roberto Solera, decidió hacer la presentación ante el juez penal de turno.

El Tribunal de Cuentas determinó un perjuicio fiscal a las arcas municipales, en aquel momento, de 74.824,20 pesos.

La denuncia tenía como protagonistas a los empresarios Alberto César Molina, ex concejal del Frente para el Cambio, y José Serer, propietarios de empresas de servicios que contrataban con la Municipalidad de Ullum para realizar trabajos de limpieza en la planta potabilizadora del departamento o en el camping municipal, entre otras tareas. Pero la investigación descubrió que, en el caso de Molina, las facturas eran de un talonario que se le había extraviado. Además aseguró que nunca había ejecutado las tareas que allí figuraban, pero que el municipio sí había pagado. En definitiva, el nudo de la acusación es porque el municipio pagó por trabajos que nunca se habrían realizado.