Tras un largo proceso, la Justicia Laboral falló a favor de un exempleado del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que demandó a la entidad por acoso laboral y haber sido despedido arbitrariamente. El hombre se llama Martín González, es abogado y ahora podría cobrar una jugosa suma de dinero y recuperar su puesto. El juez Federico Soria entendió que el Directorio que encabeza Jorge Rivera Prudencio tuvo un “accionar ilegítimo” y que lo desplazó sin motivos, y para saldar la situación, ordenó dos medidas: que el agente sea reincorporado y que el organismo le pague los sueldos que dejó de percibir todos estos años, lo que significa unos 6 millones de pesos. La resolución no quedó firme, porque la institución estatal apeló para intentar darla vuelta.
El fallo de Soria es un fuerte golpe para Rivera Prudencio que, según fuentes calificadas del EPRE, fue quien en persona se encargó de motorizar la salida de González como jefe del área legal y de dos de sus antiguos compañeros. De acuerdo a los antecedentes del caso, el titular de la repartición y sus por entonces compañeros de Directorio, Isabel Romero y Oscar Trad (sigue estando como vicepresidente), dispusieron echar al abogado en diciembre de 2008 sin expresión de causas, sin un sumario administrativo previo como manda la ley para los empleados que dependen de la administración estatal y sin pagarle indemnización alguna.
Frente a ese panorama, González inició una demanda laboral contra el organismo que se tiene la misión de controlar la prestación del servicio eléctrico en la provincia. Pedía ser reincorporado y una indemnización por el daño material, moral y psíquico que le trajo el acoso laboral de parte de sus superiores.
Al momento de ser despedido, Martín González llevaba 11 años trabajando en el EPRE.
Soria hizo lugar al reclamo por la arbitrariedad de la resolución del EPRE contra González. En su fallo, sostiene que el acta del Directorio “mediante la cual de dispuso el despido sin invocar, justificar y fundamentar el motivo de la baja es contraria al derecho de estabilidad consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”. Y en otro párrafo, habla de “despido incausado”, dice que viola la Ley de Procedimiento Administrativo y que no se advierte ningún fundamento que justifique el desplazamiento del exempleado.
Atento a esas consideraciones hacia la resolución de Rivera Prudencio y sus colaboradores, Soria dispuso que González sea restituido en su antiguo puesto y que el EPRE le abone el 80 por ciento de los sueldos que no embolsó desde 2008. Teniendo en cuenta la evolución salarial que tuvo el cargo en los últimos 8 años (hoy tiene asignado un sueldo de cerca de 40 mil pesos) y los intereses que se deben aplicar, fuentes judiciales calcularon que al exempleado le corresponde una reparación económica de 6 millones de pesos aproximadamente.
En el planteo que hizo oportunamente, González denunció que el verdadero motivo de su salida fue que la conducción del EPRE y Rivera Prudencio en especial no estaban de acuerdo con sus dictámenes jurídicos. A tal punto que, contó, lo presionaban e intentaban “introducir cambios de criterio y/o modificaciones a ciertos informes”.
Según el abogado, todo derivó en un acoso laboral. En su relato aseguró que lo quisieron sacar mediante un sumario administrativo que le iniciaron con la excusa de supuestos incumplimiento del régimen horario, proceso que finalmente quedó en la nada. Además, sostuvo que en medio de un clima tenso fue víctima de malos tratos y un hostigamiento continuo.
En el expediente judicial hay testigos que confirmaron el comportamiento de Rivera Prudencio, que trató a González y sus compañeros del sector jurídico de “terroristas” y de tener “actitudes subversivas” y que “era pública la presión del Directorio en relación a los dictámenes”. No obstante, el juez interpreta que esas conductas tienen que ver más con un “ambiente de trabajo tenso” que con un hostigamiento permanente propio del acoso laboral y no se hizo eco de esa parte de la demanda.
Por ahora, el EPRE no tendrá que cumplir las órdenes de Soria. La Fiscalía de Estado, representando al ente de control, elevó un recurso de apelación cuestionando los términos de la resolución y la Sala II del fuero Laboral tendrá que resolver si le da curso o si confirma el fallo del magistrado de primera instancia.
Mientras tanto, hay otra demanda en marcha por los mismos hechos. La interpuso Pablo Moya, quien también trabajaba en el área legal y fue desplazado junto a González.
Para saber
Demandas
Martín González no fue el único despedido del ente de control por los hechos que estallaron en el año 2008. La misma suerte corrieron sus colegas abogados Pablo Moya y Miguel González, que también se desempeñaban en el servicio jurídico del organismo público.
Miguel González optó por no ir a la Justicia contra el EPRE, mientras que sus antiguos compañeros sí lo hicieron. La causa que impulsa Moya se tramita en el juzgado que dirige Miguel Ángel Licciardi y se encuentra a la espera de una resolución del magistrado.
Doble apelación
El fallo del juez Federico Soria no está firme, debido a que fue apelado. Tanto la Fiscalía de Estado como Martín González pidieron su revisión en la Sala II de la Cámara Laboral, conformada por los jueces Susana Raed, Guillermo Baigorrí y Germán Parra.
González apeló el rechazo al reclamo por daño moral y psíquico que le acarreó la situación que lo hizo vivir el Directorio del EPRE. La Fiscalía de Estado, en cambio, se agravió por la orden de reincorporar al exempleado y pagarle los salarios caídos.