Pedro Lima, Jorge Aranela, Celia Sansone, Gabriel Prieto, Sebastián Fernández de Cieza, Patricia Madcur y su hija Agustina Brisighelli ofrecieron realizar tareas comunitarias en Casa Cuna y donar a la entidad benéfica un total de 1 millón de pesos y mil litros de leche. La propuesta fue para que se les suspenda el juicio en el que están acusados de ser miembros de una asociación ilícita que evadió impuestos nacionales a través de facturas truchas. Así, quedarían a prueba (probation) por un tiempo que fije el Tribunal Oral Federal (TOF) para evitar una eventual sanción penal. Sin embargo, la fiscal ad hoc Gabriela Ventimiglia se opuso a que seis de los imputados accedan al beneficio y estuvo a favor de que se lo concedan a Brisighelli. Su opinión es vinculante y los jueces Daniel Doffo, Hugo Echegaray y Carolina Pereira deben decidir si su rechazo estuvo fundado o no para definir si otorgan o no el beneficio a los seis procesados. En el caso de la joven, es casi un hecho que le darán el régimen.
La causa es emblemática, ya que fue la primera en la que salió a la luz la utilización de la llamada usina de facturas truchas, a través de la creación de empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y evadir tributos como IVA y Ganancias. El expediente lleva 13 años de tramitación y, en agosto de 2014, el entonces titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el fiscal Carlos Gonella, había estimado la evasión en unos 20 millones de pesos.
Los acusados hicieron el pedido de probation a través del defensor Oficial Esteban Chervin. Por su parte, Ventimiglia consideró "desaconsejable" que Lima, Aranela, Sansone, Prieto, Fernández de Cieza y Madcur accedan al beneficio en base a la gravedad de los hechos, el perjuicio a la hacienda pública, la continuidad en el tiempo de la maniobra (del 2001 al 2005) y que los "montos evadidos" alcanzaron los parámetros de sanción penal que establece la ley. Además, indicó que el rechazo guarda coherencia con la denegatoria que establece el Código Penal, incorporada después de esta causa, para los delitos tributarios. Sí estuvo a favor del beneficio para Brisighelli, dado que, al momento del hecho, tenía 19 años, que era imposible que tuviese estudios impositivos, que tuvo una "participación tangencial" y que pudo haber "estado influida" por sus padres, Daniel Brisighelli y Patricia Madcur, también implicados en la causa.