A poco más de un mes para el inicio del juicio por el escándalo de las facturas truchas, ocho acusados pidieron evitar la instancia final del proceso judicial y una eventual sanción a cambio de realizar tareas comunitarias. Los imputados son Enrique Peña, Pedro Lima, Jorge Aranela, Patricia Madcur, la hija de esta última, Agustina Brisighelli Madcur, Luciana Turcato, Celia Sansone y Gabriel Prieto. Todos se encuentran involucrados por haber sido miembros de una asociación ilícita que creó empresas insolventes, las que luego se utilizaron para emitir facturas truchas con el fin de ocultar la identidad de los titulares de inmuebles y actividades comerciales y, así, evadir impuestos nacionales. La suma que no fue a parar al fisco estuvo entre los 20 millones y 30 millones de pesos, según había trascendido de fuentes judiciales, durante 2001 y, al menos, 2005. Tras el planteo del defensor Oficial Esteban Chervin, será la fiscal ad hoc Gabriela Ventimiglia la que deberá opinar este jueves si les corresponde o no el beneficio, postura que es vinculante para el Tribunal Oral Federal de San Juan.
El caso es emblemático, ya que se trata de la mayor evasión tributaria en la provincia bajo la mecánica denominada usina de facturas truchas, el cual lleva 13 años de tramitación luego de apartamiento de magistrados, cambios en las resoluciones en distintas instancias y diversos planteos defensivos (Ver cronología).
El defensor Oficial confirmó el pedido de probation o suspensión de juicio a prueba, aunque evitó revelar los nombres de los implicados. El planteo consiste en que los imputados ofrecen realizar tareas comunitarias por un tiempo determinado y una suma simbólica de dinero, a cambio de evitar el debate. Una vez que cumplan todos los puntos fijados, se extingue la acción penal y son sobreseídos, en el caso de que se acepte dicho régimen. Para acceder al beneficio, la jurisprudencia indica que a los imputados les pueda recaer una condena de prisión en suspenso, es decir, de tres años o menos. Peña, Lima, Aranela, Madcur, Brisighelli Madcur, Turcato, Sansone y Prieto se encuentran en esa situación, dado que, al estar procesados como integrantes de la presunta banda delictiva, la escala penal del delito va de tres a 10 años. No obstante, la fiscal debe analizar y decidir si hay algún obstáculo o no contra los involucrados.
Según la acusación fiscal, Peña, Lima y Aranela actuaron como testaferros, debido a que prestaron sus nombres para constituir sociedades fantasmas que emitieron facturación inexistente. Por su parte, Patricia Madcur y Agustina Brisighelli suscribieron "documentación indispensable para la conformación de empresas y contratos ficticios, que simulaban actividades reales, con la finalidad de ocultar a los verdaderos titulares de las explotaciones y las cargas tributarias, es decir, su familia", resalta la acusación. Las mujeres son esposa e hija, respectivamente, de Daniel Brisighelli, uno de los imputados como organizador de la asociación ilícita. A su vez, los contadores Sansone y Prieto "intervinieron en la creación de sociedades, transferencia de bienes y acciones, elaborando documentos que contribuyeron a la creación de situaciones tributarias ficticias", indica el planteo. En cuanto a Turcato, se señala que, como representante de las empresas familiares, utilizó facturas truchas "de la asociación criminal que dirigía su madre, Graciela Vega Lecich".
Esta última abogada, los contadores Francisco Place y Sebastián Fernández de Cieza, Daniel Brisighelli y Roberto Madcur están imputados como organizadores, figura cuyo mínimo arranca en cinco años de cárcel, lo que no permite la probation.
Cronología
Agosto
2008 La AFIP radicó la denuncia por evasión de impuestos en el Juzgado Federal Nº2.
Junio
2014 La Cámara de Mendoza apartó a Gálvez. La causa la tomó el mendocino Walter Bento.
Abril
2009 El juez Miguel Gálvez procesó a 11 implicados. Tras ampliar la instrucción, los sobreseyó.
Abril
2013 Tras apelaciones de Fiscalía y AFIP, la Cámara de Mendoza procesó a cinco sospechosos.
Marzo
2016 La Cámara Nacional de Casación Penal incorporó a los demás implicados, más otros dos.
Febrero
2018 Fiscalía pidió que los 13 imputados confirmados por Casación Penal vayan a juicio.