El extesorero del Arzobispado, Darío Tapia, fue condenado por la Justicia Civil por haberse quedado con fondos de las limosnas de la Iglesia. Según el fallo, el profesional deberá devolver 37.600 pesos, más los intereses generados desde que estalló el hecho hasta que quede firme la resolución. Un valor que, según las fuentes, alcanzaría los 100 mil pesos. El monto corresponde a lo que se comprobó que Tapia no ingresó a las cuentas del Arzobispado al haberle entregado comprobantes a las parroquias y haber manipulado el ingreso de los recursos por sumas menores al sistema de contaduría. La demanda la entabló la institución religiosa, luego de que finalizara el juicio penal en el que Tapia y el excontador Juan Brozina fueran beneficiados con una suspensión de juicio a prueba (probation). Esto es, realizar tareas comunitarias y ofrecer pagos simbólicos, a cambio de que se les borre la mancha penal.
El fallo contra Tapia lo dictó el juez Walter Otiñano, del Octavo Civil. En el escrito, el magistrado condenó por daños y perjuicios al extesorero por haber obrado inadecuadamente en sus funciones dentro de la Iglesia y con la clara intención de obtener un beneficio personal, dijeron fuentes judiciales.
Según las pruebas que se presentaron en el expediente, quedó demostrado que Tapia incurrió en graves irregularidades en el manejo de los fondos provenientes de las distintas parroquias en concepto de colectas. El extesorero recibía los recursos, emitía un comprobante original con el monto correspondiente, pero después modificaba en el sistema la fecha de ingreso del dinero, anulaba el original y emitía un nuevo documento con un valor inferior que finalmente quedaba asentado para su cómputo.
Es más, según trascendió, a través de una auditoría que hizo el Arzobispado para el periodo 2010-2015, se constató que Tapia anuló 1.178 comprobantes, de los cuales, al menos la mitad diferían en el importe. Los especialistas que hicieron el informe indicaron que no era "regular ni corriente que un usuario pueda equivocarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo, lo que hace evidente la maniobra llevada a cabo para perjudicar a la institución". Por otro lado, en el avance de la causa civil llamó la atención que Tapia no contestara la demanda. Las fuentes explicaron que eso se interpreta como que el extesorero dio por reconocidos los hechos, aunque Otiñano valoró toda la prueba. Esa inactividad reflejaría que no apelaría el fallo.
El escándalo por el destino de las limosnas se desató en febrero de 2016, cuando el entonces arzobispo Alfonso Delgado denunció las irregularidades en la Justicia. El religioso apuntó contra Tapia y Brozina por el desvío de unos 750 mil pesos. Ambos fueron procesados, pero el segundo, en una de sus declaraciones ante el juez penal, indicó que el exobispo dispuso pagos para solucionar problemas de sacerdotes que tenían "hijos, novias" y cubrir faltantes en parroquias o colegios dirigidos por amigos. Además, dijo que el entonces monseñor y religiosos traían del exterior dólares en forma clandestina. Sus imputaciones derivaron en investigaciones en la Justicia local y federal, pero ambas quedaron en la nada por falta de pruebas y fueron archivadas.
La causa penal contra Tapia y Brozina siguió su curso y ambos quedaron en la mira por administración fraudulenta. Los profesionales solicitaron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, a cambio de tareas comunitarias y un pago simbólico (Ver Suspensión…). La Iglesia se opuso, pero la Justicia les concedió el régimen. Tras la resolución penal, el Arzobispado apuntó a la restitución civil de los fondos detraídos. En el caso de Brozina, su demanda está en trámite en el Juzgado Civil Nº11, a cargo de Abel Soria.
- Walter Otiñano
"Se reúnen suficientes elementos para concluir que Tapia obró inadecuadamente en su función de tesorero del Arzobispado, mediante acciones evidentemente orientadas a un beneficio personal, enriquecimiento sin causa, y un perjuicio a su empleador".
Tanto el extesorero del Arzobispado, Darío Tapia, como el excontador Juan Brozina accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba. El primero acordó no ir a debate por el delito de estafa a cambio de llevar adelante tareas de limpieza, jardinería y mantenimiento en la escuela Hogar Juan Manuel Estrada y pagar 3 mil pesos en dos cuotas. En su caso, según el expediente, defraudó al Arzobispado con 150 mil pesos.
En el caso de Brozina, la imputación contra él recayó por haber desviado casi 600 mil pesos hacia su propia cuenta. El acuerdo fue desarrollar tareas administrativas en el Penal de Chimbas durante un año. Además, accedió a desembolsar 20 mil pesos en cuatro cuotas en concepto de reparación económica. En ambos casos, una vez cumplidos los acuerdos, quedarán limpios de la causa penal, sin antecedentes. Para Brozina, resta conocer el resultado de la demanda civil.