En la llamada megacausa por el tema de las expropiaciones, el titular de la Fiscalía de Instrucción Nro. 3, Carlos Rodríguez, pidió ayer que se investigue a la jueza del Primer Juzgado Civil, Rosalba Marún de Sobelvio, sospechosa de cometer irregularidades en la tramitación de un expediente por el llamado caso Carbajal vinculado a la obra del dique Cuesta del Viento. Así, por primera vez, una magistrada queda en peligro de ser destituida para remover sus fueros y someterla a proceso por el escandaloso caso.
Pero ella no es la única a la que apunta el fiscal, porque también solicitó que se cite a indagatoria al ex fiscal de Estado Mario Díaz, a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, a la perito Ana María Melvin y a todos los integrantes del Tribunal de Tasaciones.
Por los fueros que tiene como jueza, el fiscal Rodríguez no puede pedir que indaguen a la jueza Marún de Sobelvio sino que le solicitó a la jueza María Inés Rosellot, que es la que entiende en la llamada megacausa, que se practique una información sumaria y si la magistrada meritúa que hay elementos para avanzar, que solicite al Jurado de Enjuiciamiento que la someta a proceso, que puede terminar en su destitución.
La llamada megacausa, en la que se investigan los juicios de expropiaciones en los que hay sospechas de que actuó una red de jueces, abogados y empleados del Estado para sacarle millones de pesos de más a la provincia, tuvo un giro cuando en junio pasado el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y el abogado Rubén Pontoriero, como parte querellante, presentaron una ampliación de denuncia que hacía referencia a nueva documentación vinculada con la expropiación de inmuebles vinculados con la obra de Cuesta del Viento. En particular a un expediente original, por el caso Carbajal, que había sido denunciado como desaparecido, pero que apareció en el estudio del abogado Alday durante una medida judicial.
Fue por las expropiaciones de tres lotes ubicados en Cuesta del Viento. Uno era de 2,9 hectáreas, que había recaído en el Juzgado Civil Nro 1, el otro de 2 hectáreas fue al Nro 4 y el tercero tenía 4 hectáreas y recayó en el Nro 7. Pero Graffigna se presentó y contestó la demanda que se interpuso en el Nro 1. Lo curioso es que los tres expedientes se perdieron y se reconstruyeron en uno solo que se siguió tramitando en ese Juzgado, a cargo de Marún de Sobelvio. El letrado reclamó una indemnización por la superficie de las tres fracciones y no por la fracción de 2,9, que era el objeto de la causa en la que se presentó, aunque nunca se pagó.
En el relato de los hechos, el fiscal Rodríguez habla, con referencia a los abogados Graffigna y Norberto Baistrocchi, que trabajaba en Fiscalía de Estado, ya fallecido, de haber “reconstruido un proceso de acuerdo a sus intereses, con copias que no pertenecían a la causa, al sólo fin de acomodarlas a la conveniencia de los representados de Graffigna, incurriendo en una clara adulteración de documento público”.
Y agrega que Graffigna “conocía del criterio del 1er Juzgado Civil, con respecto al monto indemnizatorio, en el que había obtenido sentencias por montos sensiblemente superiores a las causas que se tramitaban en otros Juzgados”.
Díaz dijo ayer que “estoy a disposición de la Justicia para aclarar lo que sea necesario”. Y la jueza Marún de Sobelvio no quiso hacer declaraciones y sólo dio a conocer que había presentado un escrito ante la Corte pidiendo que la investiguen por los hechos cuestionados.
También están sospechados los miembros del Tribunal de Tasaciones, Joaquín Fernández, Eduardo Olivera, Adolfo Cravero, José Moreno, Pedro Bazzani y Julio Fernández.