Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal Carlos Rodríguez tiene todo listo para presentar mañana el pedido de elevación a juicio de la megacausa de expropiaciones. El escrito llegará al Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa, por lo que se espera que el magistrado haga lo propio para enviar el expediente a la sala de juicio y así dar inicio el debate oral, que se espera antes de fin de año.
El planteo fiscal es por tres causas en la que están procesados por fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita el abogado Santiago Graffigna, su excolega Horacio Alday y los exjueces Rosalba Marún de Sobelvio y Carlos Macchi. Además están en la mira Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga, peritos de Graffigna, y quien fuera perito del Estado, Ana María Melvin.
Una vez que el expediente llegue a la Sala de juicio, comenzará la odisea de la conformación del Tribunal. Es que hay camaristas que se han excusado de intervenir por amistad con alguno de los acusados y otros han intervenido en alguna instancia del proceso. Lo mismo sucede con la mayoría de los jueces de primera instancia, por lo que se espera que la conformación se de con los magistrados correccionales.
Por otro lado, existe un cuarto procesamiento dictado por el juez Correa contra el exfiscal de Estado, Mario Díaz; los seis peritos del Tribunal de Tasaciones (Joaquín Francisco Fernández, Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera), y Néstor Ruiz, exempleado de Recursos Energéticos. Todos está señalados como integrantes de la red delictiva. Ese fallo no está firme, ya que fue apelado, pero se espera que la Cámara lo resuelva en el corto plazo y la causa también concluya en un juicio oral.
La megacausa de expropiaciones estalló en 2010, cuando la gestión pasada radicó una denuncia penal. Con esa presentación, salió a la luz una innumerable cantidad de causas de expropiaciones que se tramitaban en juzgados civiles en los que aparecía el presunto entramado de vínculos entre funcionarios, abogados, jueces, peritos, y miembros del Tribunal de Tasaciones para sacarle millones al Estado.