El fiscal de Estado, Jorge Alvo, salió ayer con los tapones de punta contra el accionar de tres procesados por el escándalo de las expropiaciones, la megacausa en la que la Justicia busca determinar si una red de jueces, abogados, peritos y funcionarios se quedaban con millonarias sumas al inflar los valores de los terrenos que el Estado expropiaba. El encargado de defender el patrimonio provincial cuestionó los planteos que realizaron Santiago Graffigna y, a través de sus defensores, Horacio Alday y Rosalba Marún, ya que aseguró que el objetivo "es dilatar el proceso", "entorpecer el progreso de la causa y evitar su elevación a juicio".
Luego de años de investigación, el voluminoso expediente iba camino a que el fiscal y el juez de primera instancia cumplieran con el trámite de pasarlo a la instancia de juicio en una sala penal. Todo iba perfilado tras un fallo de la Corte de Justicia que rechazó el planteo de los tres implicados que buscan la prescripción de algunos delitos que les imputan. Pero los involucrados ahora apostaron a llegar con el pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal local puede denegar el recurso o admitirlo. Si hiciera esto último, se frenaría la causa. Para Alvo, que como titular de Fiscalía de Estado actúa como querellante, la movida es "con el sólo fin de dilatar el proceso".
Pero no sólo eso, ya que Graffigna, en la mira por ser el presunto jefe de la asociación ilícita, solicitó que el juez que tiene el caso, Benedicto Correa, se inhiba de continuar, a la vez que pidió su apartamiento. ¿El argumento? Que ha perdido la imparcialidad. Según fuentes judiciales, el planteo debería haberse ejecutado cuando Correa fue designado como el titular de la investigación. Todo indica que el magistrado rechazará la inhibición, pero la recusación debe ser resuelta por una instancia superior, una sala penal conformada por tres jueces.
Una de las características que tuvo la megacausa fueron las inhibiciones de magistrados por la amistad con alguno de los numerosos imputados (hay exjueces y funcionarios, por ejemplo) o la participación en alguna instancia del proceso. Por eso, Alvo destacó, en primer lugar, que la recusación es "improcedente, con el claro objetivo de entorpecer el progreso de la causa y evitar su elevación a juicio".
En segundo lugar, señaló que las "maniobras se realizan con la intencionalidad de ocupar y distraer no sólo al juzgado interviniente, ya que se trata de reiteraciones de presentaciones anteriores, sino también de tratar de que intervengan los tribunales superiores y nuevamente producir en ellos una catarata de recusaciones o pedidos de inhibiciones".
El fiscal de Estado le había dicho a este medio que una vez que el expediente bajara de la Corte al juzgado que dirige Correa le iba a pedir al fiscal Carlos Rodríguez que solicitara la elevación de la causa a juicio. Ahora, el tribunal de primera instancia debe resolver el planteo de Graffigna.
Alvo había dicho que la solicitud de llevar el expediente a debate apuntará sobre los tres procesamientos confirmados por la Cámara de Apelaciones. Hay una cuarta resolución que no está firme (ver claves), por lo que se abre la posibilidad de que realice una separación de juicio, que deberá definir el fiscal Rodríguez.
Pelea y planteos
SANTIAGO GRAFFIGNA – Abogado
Está procesado como presunto organizador de la asociación ilícita. Por la escala penal de dicha figura, que no contempla la excarcelación, estuvo detenido en el Penal de Chimbas. Recuperó la libertad luego de que pasara tres años en prisión preventiva y no se llevara a cabo el juicio. Luego de contar con abogados defensores, actualmente se representa a sí mismo. Así, apuesta a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que analice la prescripción de algunos delitos y pidió la recusación de un juez.
ROSALBA MARÚN – Ex jueza civil
Ante la inminencia de un Jury de Enjuiciamiento por el avance de la megacausa de expropiaciones, renunció a su puesto en el Octavo Juzgado Civil y está jubilada con el 82 por ciento móvil desde enero de 2013. Marún es defendida por su esposo Edishon Sobelvio, quien recibió un "severo llamado de atención y apercibimiento" de la Corte por "el modo inadecuado e impertinente, rayano con la falta de respeto y totalmente desaconsejado desde todo punto de vista de la técnica procesal", con el que se expresó en un planteo.
HORACIO ALDAY – Abogado
Fue socio de Graffigna y está procesado como integrante de la asociación ilícita, partícipe de fraude contra la administración pública, tentativa de fraude y defraudación por ocultamiento o sustracción de medios o elementos de prueba. Permaneció oculto de la Justicia hasta que consiguió la eximición de prisión. En marzo de 2013 se fue de San Juan para esquivar una orden de detención que pesaba sobre él. En diciembre consiguió el beneficio a través de un fallo de la Sala II de la Cámara Penal.
"Fiscalía de Estado, como querellante, está avocada a llevar la causa prontamente a juicio".
JORGE ALVO – Fiscal de Estado
Los procesamientos
Resolución y cambios
Tras una apelación, Graffigna y la perito del Estado, Ana María Melvin, quedaron procesados como líder e integrante de la red ilícita, respectivamente. Fueron desligados los seis integrantes del Tribunal de Tasaciones, Marún y el exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz.
Segunda embestida
La Sala II confirmó los procesamientos de Graffigna, por otros hechos, y de los peritos que trabajaron para él: Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga. También se sumó el exjuez civil Carlos Macchi, quien fue destituido a través de un jury de Enjuiciamiento.
Tercera confirmación
Un tribunal superior confirmó los procesamientos contra Graffigna por más hechos, al igual que a los peritos Videla, Bustos y Quiroga. También se ratificaron los fallos contra el exsocio de Graffigna, Horacio Alday, y la exjueza Marún, quien se incorporó luego de que se afinara la prueba.
Última resolución
Fueron procesados el ex fiscal de Estado, Mario Díaz; los peritos del Tribunal de Tasaciones (Joaquín Fernández, Julio Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera) y a Néstor Ruiz como integrantes de la red delictiva. El fallo no está firme.