Una pericia que se está llevando adelante en la Justicia por el escándalo de las expropiaciones determinó que, al menos hasta ahora, la provincia tuvo que pagar por juicios supuestamente con irregularidades más de 45 millones de pesos que, mediante acciones civiles, podría intentar recuperar si se comprueban las sospechas de que una red de jueces, abogados y empleados públicos cometió delito para inflar el valor de los inmuebles. Si se suman los procesos que están paralizados y que también están en la mira judicial, en juego hay 1.132 millones de pesos como mínimo. La cifra es de tal magnitud, que alcanzaría para hacer 7.500 casas del IPV y equivale a más del 10 por ciento del presupuesto que tendrá la provincia en 2013.
La pericia tiene en cuenta los montos que ya pagó el Ejecutivo por juicios en los que se sospecha que hubo delito para sacarle plata de más. Y por otro lado, está lo que todavía debería pagar en procesos que se encuentran suspendidos por una medida cautelar impulsada por el propio Gobierno para evitar que se consume un perjuicio fiscal.
La pericia revela que la provincia canceló las demandas que corresponden a Margarita Esquivel, por 2.470.232 pesos; Ricardo Benito Luna, por 8.020.010 pesos; Ramón Anes, por 11.684.588 pesos, y Ernestina Cruz del Castillo, por 95.410 pesos. Todas, por expropiaciones de terrenos para la construcción del dique Cuesta del Viento, en Iglesia. Además, en la cuenta están los juicios de Guillermo Felipe Ruiz, a quien le expropiaron un terreno en los ‘50 en la esquina de Matías Zavalla y San José por 22.094.197 pesos. El otro es el de Miguel Suraty, quien había comprado un juicio en el 2005 por un terreno en Rawson, cuya suma ascendía a 1.118.000 pesos.
El lote de los juicios que todavía no se han pagado asciende a los 1.086,5 millones de pesos. Allí se encuentran los que corresponden al llamado Canal Playas, actual Benavídez, por 70 millones de pesos. Éste es uno de los procesos que está a resolver en el ámbito de la Corte tras haber obtenido sentencia en primera y segunda instancia.
También se incluye el llamado caso Carbajal, por la expropiación de terrenos en Cuesta del Viento, por unos 10 millones de pesos y también está el juicio de Sinforoso Illanes, por 6,5 millones de pesos. Pero, el del monto mayor (ver aparte) es sin duda el juicio del Parque de Mayo, que ronda los 1.000 millones de pesos entre el valor del terreno y los honorarios profesionales.
La megacausa comenzó a investigarse a partir de una denuncia del Gobierno, ante la sospecha de los juicios irregulares. Y entre los principales protagonistas está el abogado Santiago Graffigna, sospechado de ser el ideólogo de las maniobras. También hay una jueza que ya fue denunciada penalmente, Rosalba Marún, y, según fuentes judiciales, podrían seguir el titular del Quinto Civil, Carlos Macchi, y el actual camarista civil Roberto Pagés, porque tuvo intervención en expedientes de los casos en la mira.