El escándalo de las expropiaciones del Estado llegó a la Justicia Penal. Por instrucciones del propio José Luis Gioja, el Gobierno presentó una denuncia el viernes pasado para que se determine si en algunos procesos de compra de terrenos por parte de la provincia se cometió delito. La sospecha oficial surge de un sumario administrativo que recientemente determinó que el abogado de Fiscalía de Estado actuó con negligencia en los juicios de expropiación, lo que a la larga significó sentencias por montos desmedidos contra las arcas públicas.
La denuncia ingresó el viernes y fue presentada por el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, uno de los hombres de mayor confianza del primer mandatario. Según las fuentes, a pesar de que Fiscalía de Estado es quien representa en juicio a la provincia, la instrucción de Gioja fue que la acción se motorizara desde la Secretaría.
La denuncia no apunta contra nadie en particular y se limita a pedir que se investigue los juicios que están bajo la lupa oficial. Se trata de una serie de expropiaciones de terrenos que la provincia hizo años atrás para construir obras como el dique Cuesta del Viento, el Parque de Mayo y el canal Benavidez.
En nombre de la provincia actuó Norberto Baistrocchi, el abogado de Fiscalía de Estado que el Ejecutivo echó hace poco por considerar que actuó con negligencia y que eso permitió que los fallos fueran por cifras millonarias que se consideran exageradas. Tras una investigación de más de dos años, en la que prueban que el abogado dejó vencer los plazos y no apeló sentencias desfavorables, el sumario iniciado contra el profesional terminó con la cesantía de Baitrocchi. Se conoció el 8 de septiembre y es la prueba fundamental que aporta ahora el gobierno en su denuncia ante la justicia.
Al abogado se le endilgan, entre otras cosas, no haber notificado demandas contra las propietarios de los terrenos, dejar vencer plazos sin apelar las sentencias desfavorables y consentir fallos en los que sólo se tuvo en la versión del demandante.