El Tribunal de Cuentas le había formulado cargos al exintendente de Angaco José Castro y a un grupo de sus exfuncionarios por el presunto manejo irregular de fondos por 3.260.210 pesos durante el ejercicio 2018. No obstante, el exjefe comunal y el resto de los implicados pudieron demostrar, a través de distinta documentación, que los gastos efectuados tenían sus respectivos comprobantes. De esa manera, el órgano de control posterior del gasto público liberó de cualquier responsabilidad administrativa y patrimonial a Castro, a Raúl Páez, quien fuera el secretario Administrativo y de Finanzas; al contador Martín Trigo; al exjefe de Compras, Alberto De los Ríos, y al extesorero Fabián Chávez, de acuerdo a la resolución que proporcionó el propio exintendente. Es decir, todos zafaron de devolver de sus bolsillos poco más de 3,2 millones de pesos.
La formulación de cargos por parte del Tribunal de Cuentas implica la imputación (sospecha) de un perjuicio patrimonial por presuntas irregularidades administrativas. Castro y el que fuera parte de su equipo estuvo en la mira por la falta de facturas por pagos de servicios telefónicos y a Energía San Juan y del reconocimiento de gastos por el alquiler de un inmueble por cuatro meses. Además, hubo desembolsos a prestadores de servicios en cuyos expedientes no constaban que las personas que recibieron el dinero estuvieran autorizadas para hacerlo, entre otros puntos.
Luego de la formulación de cargos, el exintendente y sus exfuncionarios fueron presentando toda la documentación que respaldó el manejo de los fondos. Así, subsanaron las observaciones y el organismo de control los liberó de toda responsabilidad. Castro había llegado a la Intendencia de Angaco en 2011 y fue reelecto en 2015. Al finalizar su segundo mandato, postuló a su hermano Alejandro como su sucesor, pero este cayó en la elección general contra el bloquista Carlos Maza.