El exconcejal Carlos Reinoso sigue acumulando problemas. Ayer fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y a una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos electivos por apoderarse del dinero de una serie de ayudas sociales en Rivadavia, las cuales estaban destinadas a los más carenciados. Y como es abogado, el vicepresidente del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, Ernesto De León, aseguró que analizarán si le quitan o no la matrícula, la sanción más dura que prevé el organismo ya que le impide a un letrado ejercer la profesión. Es que la ley de la institución contempla ese acto disciplinario en el caso de que un abogado haya sido castigado por un delito y que las circunstancias del hecho “afectaran gravemente el decoro y la ética profesional”. El fallo penal contra Reinoso fue por fraude a la administración pública y falsificación de documento público.
No es la primera vez que el exedil recibe una resolución en contra. Hasta 1997 fue juez de instrucción y tras una denuncia por extorsión, fue sometido a un Jury de Enjuiciamiento en el que fue destituido como magistrado. En 2002, ya como concejal de Rivadavia, se vio involucrado en el manejo discrecional de las ayudas sociales en el departamento y ayer, como se preveía, fue condenado junto a sus excompañeros de banca, Oscar Isidro Ruz y José Orlando Páez. Es que los tres habían aceptado someterse a un juicio abreviado, en el que reconocieron su responsabilidad a cambio de recibir una rebaja en la pena. El Tribunal contaba con un antecedente reciente: otros 3 exediles (Nicolás Tejada, Isidro Díaz y Lidia del Carmen Díaz de Zárate) también fueron hallados culpables por el mismo caso, quienes se habían sometido a un proceso abreviado. De todo el Concejo Deliberante rivadaviense de aquella época, la Sala III sólo debe resolver la situación penal de 2 integrantes (ver recuadro). La causa nació en 2002 y en su última etapa estuvo signada por la polémica por los planteos que realizaron los abogados defensores, los cuales fueron definidos como maniobras para dilatar el proceso, ya que ésta prescribía en junio de 2013.
En el caso de Reinoso, al ser abogado y tener una sentencia en contra, su matrícula está en la mira del Tribunal de Disciplina del Foro. Su vicepresidente, Ernesto De León, señaló que van a estudiar esa situación. De acuerdo al reglamento interno, el Tribunal tiene la facultad para actuar de oficio y si entre sus 5 integrantes consideran que se debe abrir una investigación, notifican al abogado, quien tiene 5 días hábiles para hacer su descargo y presentar prueba a su favor. Tras ese paso, el cuerpo disciplinario cuenta con 15 días para resolver si aplica o no la sanción que, en este caso, es el más severo: la exclusión de la matrícula.
Un impedimento para la imposición de los castigos es el escaso margen de maniobra. Es que las acciones disciplinarias prescriben al año de haberse producido el hecho o al año de la terminación del juicio criminal y no hay actos que la interrumpan. Ese plazo se diluye si, por ejemplo, el profesional apela la decisión del Tribunal. Sucede que el encargado de revisar la resolución es la Corte de Justicia, que suele estar abarrotada de causas y las sanciones disciplinarias quedan en un segundo plano.
De todas formas, la quita de la matrícula no es para siempre. El abogado que recibe esa sanción puede volver a solicitar su reinscripción luego de 2 años, previa resolución fundada del Directorio del Foro de Abogados.