Dos exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Rubén Castro, que era el presidente, y Roberto Bazán, que actuaba como tesorero, solicitaron al juez Maximiliano Blejman la eximisión de prisión. Ambos están acusados de administración fraudulenta en su desempeño en la entidad y están a la espera de que los llamen para indagatoria.
El planteo es una medida previa antes de ser llamados a declarar y ante la posibilidad de que el juez determine detenerlos. Por eso, se anticipan a la decisión para no ir a prisión.
Las sospechas por las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la mutual comenzaron cuando las actuales autoridades, encabezadas por Omar Cereso, descubrieron que la entidad arrastraba una deuda de 7 millones de pesos y que de esa cantidad, unos 5 millones correspondían al pago de cheques de prestamistas y que no había registros del destino de esos recursos.
A medida que escarbaba, la conducción encontró cheques al portador “sin la correspondiente orden de pago y el debido registro contable”. También faltaba la rendición de un subsidio de 564.942 pesos que el INAES le otorgó a la mutual para construir cabañas en el camping de Pocito, que aún en la actualidad están inconclusas.
Por estos hechos, la conducción de la mutual universitaria realizó una denuncia penal, que es en la que ha tomado intervención el juez Blejman, a cargo del cuarto Juzgado de Instrucción.
Entre otras medidas, en la Mutual están a la espera de que tome las indagatorias a los imputados, para que se determine si actuaron correctamente o no al frente de la institución.