De un cargo clave para cualquier administración y de alta exposición mediática, a otro de bajo perfil y bien alejado de los micrófonos. Mario Díaz, que fue fiscal de Estado hasta que renunció el año pasado en medio del escándalo de las expropiaciones, fue designado por la gestión giojista como secretario en uno de los Juzgados de Faltas de la provincia. La vuelta del ex funcionario peronista es a un puesto de carácter técnico y permanente, al contrario de muchas figuras que pasaron por puestos relevantes y que hoy acompañan de cerca al Gobernador desde el cuerpo de asesores políticos.
El decreto de designación fue firmado la semana pasada y se espera que Díaz asuma el lunes de la semana que viene. Este diario intentó comunicarse con él, pero aparentemente está fuera de la provincia y no fue posible.
Díaz será secretario del Juzgado de Faltas Nº 1 de la provincia, que está a cargo de Horacio Morando. Por allí pasan todas las causas por contravenciones y el secretario es la mano derecha del juez. Tiene firma autorizada, da fe de todos los actos que se llevan a cabo en el Juzgado y está habilitado para tomar testimonios. Pero estará lejos de las pompas por anuncios institucionales o definiciones de juicios extraordinarios.
El nombramiento causó sorpresa en las filas del justicialismo. Pasa que Díaz se anotó como aspirante a ser uno de los tres jueces de Paz de Capital que se están concursando y tenía expectativas. En el partido leen el gesto como una señal de que en el proceso de selección de los nuevo magistrados que se hace en la Cámara de Diputados, el voto de la mayoría estará orientado en otras direcciones.
Díaz viene de ser fiscal de Estado, un cargo apetecido por cualquier Gobierno. Tras la muerte del bloquista Pedro Quiroga, el Consejo de la Magistratura llamó a concurso en 2004 para cubrir la vacante y con el apoyo determinante del bloque justicialista, que tenía mayoría, el ex funcionario fue el más votado de la terna y se consagró para comandar el organismo que se encarga de defender en juicio los intereses económicos de la provincia.
El año pasado, plantó la renuncia. Fue en pleno escándalo de las expropiaciones, un jugoso cóctel de presuntas maniobras irregulares que el Gobierno denunció para que se investigue si hay una red de profesionales, jueces y empleados del Estado que se ponía de acuerdo para sacarle plata de más a la provincia por terrenos expropiados. Entre otras cosas, argumentó que sufrió un desgaste por la función, aunque también dijo que pesó la tensa situación que se generó.