Oscar Ruz, uno de los 8 ex concejales de Rivadavia que irán a juicio el próximo 19 de marzo acusados de haber malversado caudales públicos en 2002 con planillas de ayudas sociales que cada uno manejaba para repartir fondos a discreción, es actual funcionario de la Municipalidad de Rivadavia, responsable del área de Discapacidad, según confirmaron fuentes municipales. Está en el puesto desde que Ana López de Herrera se hizo cargo de la comuna en diciembre, tras ganar las elecciones de octubre del año pasado. Pero no es el único que ocupa cargos públicos: Nicolás Tejada, otro de los procesados y que milita en las filas justicialistas, es asesor del senador nacional Ruperto Godoy.
Si son encontrados culpables, ninguno de ellos podrá seguir ocupando cargos públicos porque la condena incluye la prohibición de ser candidatos en caso de elecciones y la imposibilidad de desempeñarse en puestos del Estado.
La Sala III de la Cámara Penal dispuso llevar adelante el debate en la segunda quincena de marzo, aunque todavía no está definido el lugar de las audiencias. Por la cantidad de acusados, que son 8, más los testigos, que serán 62, según fuentes judiciales, en la Justicia están buscando otro sitio porque las salas ubicadas en la planta baja del palacio de Tribunales resultarán chicas. Una alternativa que se baraja es la de utilizar el entrepiso del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, donde ya se han llevado adelante audiencias de 2 juicios por delitos federales.
Los delitos que les imputan a los ex concejales son falsificación de documentos oficiales equiparados a públicos, fraude a la Administración Pública continuada y malversación culposa de caudales públicos. Como se trata todos de delitos contra la Administración Pública, los ex concejales, en caso de ser encontrados culpables, no irían a prisión.
A 10 años de los hechos denunciados, quienes por aquel entonces integraban el Concejo Deliberante de Rivadavia, tomaron distintos caminos, algunos siguieron militando en política, pero otros no.
En el caso de Carlos Reinoso, quien por aquel entonces era el presidente del cuerpo en representación del Partido Bloquista, volvió a su estudio y está dedicado a su profesión de abogado. Ya había perdido un cargo de juez en 1997, denunciado por una presunta extorsión.
De los procesados hay uno que no está en el país, Cristóbal Liuzzi, que llegó procedente de Desarrollo y Justicia, el partido fundado por Jorge Abelín (ver página 3). Hay un pedido de captura internacional librado por la Justicia, pero no lo encuentran.
Sobre la situación de los otros acusados, Juanita Guerrero siguió militando en las filas justicialistas, aunque sin cargos públicos. Lidia Zárate, quien también pertenecía al partido de Abelín, debido a su condición de empleada de planta permanente, es la única que continuó desempeñándose en el municipio, en el área de Turismo, según fuentes del municipio.
El bloquista José Páez es empleado municipal de la Capital, adscripto ahora el Concejo Deliberante. Isidro Díaz, otro militante bloquista, no volvió a trabajar en política y en los últimos años estuvo dedicado a su profesión de médico.
Según el expediente de la causa, durante la gestión del ex intendente José Soria, que ahora será citado como testigo, los ediles podían repartir, por ordenanza, entre 1.300 a 1.500 pesos mensuales en ayudas sociales. Cada concejal tenía una planilla con los montos y los nombres de las personas a las que ayudaban, pero una investigación del Tribunal de Cuentas determinó errores en la confección de las planillas. Inclusive la sospecha era que a algunos beneficiarios les habrían falsificado las firmas y las cifras que tenían que recibir. El caso salió a la luz por una investigación que inició el organismo de control y de un relevamiento que hizo DIARIO DE CUYO, que determinó que buena parte del dinero de las ayudas no llegó a los beneficiarios.
Para el debate, la fiscal Alicia Esquivel Puiggrós contará con la colaboración del fiscal Daniel Guillén, quien fue el que trabajó en la etapa de instrucción de la causa. Además, la Corte de Justicia de San Juan designó a una contadora, María Laura Gómez, para que apoye desde lo técnico al equipo del Ministerio Público Fiscal.