En el Gobierno provincial están trabajando en los últimos detalles del proyecto de ley que enviarán a la Legislatura en los próximos días, para habilitar el traspaso de los contratados a planta permanente. Uno de los temas a resolver es si serán considerados todos los que tienen contratos a la fecha o si se trazará una línea en el tiempo. Una fuente calificada aseguró que hay en estudio una idea de que se tenga en cuenta sólo a los que eran contratados al 31 de diciembre del año pasado, cuando se empezó a hablar de la posibilidad concreta de implementar la medida. Si se hace así, sería para evitar que se contrate gente a último momento especulando con el beneficio.
La definición depende del gobernador. La decisión de avanzar con pase de los contratados a planta permanente la tomó fundamentalmente por los que hacen años que están en esa condición. Fue en respuesta a lo que venían pidiendo los gremios estatales, que justamente advertían que los más antiguos tenían que pasar a tener estabilidad para poner un manto de justicia.
Si se pone el límite, lo mismo se vería beneficiada la gran mayoría de los contratados del Ejecutivo, incluyendo, claro, a los más antiguos. Esto, porque vienen desde antes del 31 de diciembre de 2010. De la otra manera, sin restricciones, todos pasarían a planta permanente.
En el Gobierno no han precisado hasta ahora cual es el total de contratados y cuántos entraron en el transcurso de este año. Por lo pronto, los gremios calculan que son unos 4.000 en todas las reparticiones que dependen del Ejecutivo.
La fuente aseguró que en el Gobierno no quieren que existan avivadas. Lo que pasa es que Gioja viene analizando la medida desde 2010 y la anunció oficialmente en marzo. Es decir, se sabe de mucho antes y nadie descarta que en estos meses se hayan hecho contratos con la única finalidad de que los titulares queden en planta permanente.
Sea cual sea la decisión, el traspaso no será inmediato. Gioja ya había dicho que se irá haciendo por área. Según la fuente, el trámite llevará tiempo, porque cada contratado tendrá que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, dijo que deberán asumir el compromiso de hacer un curso de capacitación que dictará el Estado. Además, está en estudio si se les exige un examen médico no a modo de filtro, sino para que la OSP sepa cuáles son las afecciones que sufren sus futuros afiliados.
El proyecto de ley, que se espera que en estos días llegue a la Legislatura, exceptuará al Poder Ejecutivo de la ley de contención del gasto que prohibe las designaciones en planta permanente. Los otros poderes no estarán incluidos en la ley, porque no hace falta. Ni en Tribunales ni en la Legislatura rige la prohibición y no necesitan de una norma para pasar a planta permanente a los contratados. Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.