Basta con revisar los números para entender por qué la Dirección General de Rentas se enfocó este mes en los empleados públicos que no están al día en materia impositiva. De los 700 millones de pesos de deuda que el organismo tiene a cobrar por vía administrativa, la friolera suma de 75,6 millones de pesos corresponde a trabajadores que dependen del Estado provincial, es decir un 10,8 por ciento. La cifra representa a su vez un 50 por ciento de lo que ingresa mensualmente por tributos y alcanzaría, por ejemplo, para levantar 210 casas del IPV.
Hace unos días, Rentas estrenó una modalidad particular para intentar que los estatales morosos cancelen sus deudas o adhieran a un plan de pago. Les mandó en el recibo de sueldo una leyenda recordándoles que tienen obligaciones pendientes e invitándolos a que se acerquen al organismo para regularizar la situación. Es una medida persuasiva pero, si no cumplen, como el resto de los contribuyentes, quedarán a tiro de ser ejecutados judicialmente a través de la Fiscalía de Estado.
La medida responde al nivel de incumplimiento que hay entre contribuyentes que son empleados del Estado provincial. En total son 36 mil (incluyendo a los tres Poderes) y si bien no todos tributan ni son morosos, los que deben registran una deuda abultada. La misma se compone de 50,4 millones de pesos impagos en patente y 25,2 millones de impuesto inmobiliario, según revela la base de datos de Rentas.
En el Gobierno sacan cuentas y calculan qué erogaciones se podrían atender con esa suma. Entre otras cosas, sería suficiente para construir más de 500 módulos habitacionales de emergencia o pagar casi la totalidad de lo que cuestan las 130 mil copas de leche que se entregan al año en colegios públicos.
Para intentar reducir la deuda, la administración giojista creó por ley el año pasado un sistema voluntario para que todos los empleados del sector público puedan cancelar sus impuestos a través de un código de descuento en la planilla de sueldo. Han pasado ya ocho meses desde que se puso en marcha y casi que no rindió frutos. Hasta ahora ingresaron nada más que 65 personas y entre ellos casi que no hay funcionarios de primera línea (ver recuadro).
Rentas intenta ahora que se sumen más actores y como primera medida, les mandó a los estatales el aviso de deuda que desde este mes consta en el recibo de sueldo. En el organismo dicen que no han calculado la cantidad de morosos en el sector estatal, pero hay una aproximación. De las 62.271 liquidaciones salariales que emite la Dirección de Informática, contando a los maestros, que tienen tantos recibos como cargos, y a los trabajadores de 11 municipios, hay 26.927 que llevan la notificación, lo que implica un 43 por ciento.
Los otros 624,4 millones de pesos que hay a cobrar en instancia administrativa corresponden a empresas y personas físicas que se desempeñan en el sector privado, en donde se concentra la mayor parte de los 100 mil contribuyentes que hay en San Juan. Hace rato que Rentas ha puesto la mira en ese universo, sobre todo en los incumplidores de más alto poder adquisitivo. Entre otras medidas que viene implementando, los escracha en la página web del organismo y notifica a la calificadora Veraz para impedir que obtengan créditos en el sistema financiero.