Facturas apócrifas, compras y ventas simuladas y sociedades fantasmas son algunos de los elementos que rodean al escandaloso caso que se instruye por estas horas en la Justicia Federal por una presunta evasión fiscal que alcanza más de 30 millones de pesos. La causa se disparó a partir de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ya hay dos contadores y una abogada de San Juan detenidos como sospechosos del delito de asociación ilícita. Se presume que participaban de un grupo que constituyó casi 50 sociedades truchas con el único objetivo de vender facturas y colaborar a que importantes empresas de la provincia zafen del organismo recaudador.

El caso alcanza ribetes escandalosos, por el renombre de algunos de los imputados y porque se supone que más de medio centenar de empresas legales y truchas de la provincia articularon maniobras para evadir el pago de impuestos. Por mencionar sólo un dato que le da dimensión al hecho, se han detectado 49 sociedades presuntamente fantasmas que serían funcionales al delito de evasión. La causa comenzó a rodar el año pasado por una denuncia que realizó la delegación local de la AFIP, luego de una minuciosa investigación que llevó adelante durante tres años y que tuvo su estallido con un mega-allanamiento de 16 empresas y estudios que hizo en agosto de 2005.

La investigación recayó en manos del juez Leopoldo Rago Gallo, pero se excusó y ahora entiende su colega Miguel Gálvez, que viaja permanentemente y tiene como conjuez subrogante al asesor G, Guillermo De Sanctis. Por instrucciones de Gálvez, el jueves de la semana pasada cayeron los primeros imputados, según dijeron en Tribunales: el contador Francisco Martiniano Place y la abogada Graciela Vega Lecich. Las fuentes aseguraron que están siendo investigados como presuntos autores del delito de asociación ilícita en carácter de organizadores. No están procesados aún, pero el magistrado los mantiene detenidos porque supone que hay riesgos de que se fuguen, explicaron en la Justicia.

Ayer quedó detenido el último de los profesionales, apuntado por el mismo delito, afirmaron fuentes judiciales. Se trata de Sebastián Fernández de Cieza, que durante la mañana fue indagado y que pasado el mediodía fue notificado de la decisión del juez de privarlo de la libertad por razones procesales.

En la Justicia presumen que los tres son responsables de constituir las llamadas "usinas de facturas" y de formar parte de algunas de ellas. Las usinas son sociedades que se arman sin capacidad patrimonial, con integrantes insolventes, que no cumplen la actividad que indican y que, en algunos casos, tienen domicilios falsos. Se dedican a simular una operación con una empresa en regla, con el objetivo de que ésta última pueda evadir el pago de impuestos. Por ejemplo, facturan por servicios que nunca prestaron o por mercaderías que no vendieron (Ver Cómo actúan).

Place, Vega Lecich y Fernández de Cieza podría no ser los únicos. Las fuentes adelantaron que fueron llamados a indagatoria Daniel Brisighelli, Vicente Javier González y Hermógenes Enrique Peña. Están sospechados de integrar la presunta asociación ilícita que derivó en la constitución de las usinas.

Paralelamente, en la misma causa, se investiga a las empresas que se podrían haber beneficiado con las usinas: hay al menos tres grandes firmas investigadas. El delito en juego es evasión impositiva simple o agravada, dependiendo del monto del perjuicio que le causan al Estado nacional al esquivar a la AFIP. En total, aseguraron las fuentes, el organismo recaudador verificó evasiones en los últimos años por 7 millones de pesos en IVA y casi 24 millones de pesos en el impuesto a las Ganancias.

El juez quiere determinar si actuaron de mala fe comprando facturas de las usinas para justificar gastos que no hicieron o blanquear pagos corruptos; o si fueron engañadas al pagar por servicios y mercaderías que no recibieron. Por ahora no hay ningún empresario en la lista de sospechosos para ser indagado, pero las fuentes afirmaron que cuando avance el proceso judicial serán llamados.

La lista no queda ahí. En la Justicia aseguraron que hay un grupo importante de empresas que compraron facturas, pero a las que no les cabe ningún delito. Sucede que supuestamente evadieron por un monto menor a los 100 mil pesos y sólo son pasibles de ser ejecutados judicialmente por la AFIP para que paguen la deuda.