La emblemática causa en la que un grupo de abogados, médicos y un obrero están sospechados de sacarle fondos al Estado nacional simulando la disminución auditiva de empleados de varias caleras ingresó en la recta final. El avance se debe a que una profesional finalizó una pericia oficial clave, la cual confirmó que los resultados de los estudios en 58 de 64 obreros "no se corresponden a hipoacusias inducidas por ruido", esto es, que no vieron reducido su sentido mientras cumplían tareas en sus trabajos. De los seis restantes, tres presentan pérdidas auditivas, "aunque no en valores indemnizables" y tres tienen una afectación "leve a moderada". Con esa confirmación, fuentes judiciales indicaron que una vez que el fiscal Francisco Maldonado reciba el informe, trabajará para pedirle al juez Leopoldo Rago Gallo que eleve la causa a juicio.
La pericia llegó luego de que la Cámara de Apelaciones de Mendoza confirmara el procesamiento contra ocho implicados que había dictado el magistrado federal local. En ese fallo, el Tribunal superior había dispuesto la realización de audiometrías para terminar de confirmar lo expuesto en el expediente: que el presunto grupo delictivo se las ingenió para generar certificados de incapacidad auditiva falsos, con el objetivo de sacarle plata al Fondo para Fines Específicos que usaban las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Ese fondo lo aplica la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y es de uso específico para lesiones de hipoacusia.
Quienes están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados como miembros de una presunta asociación ilícita son los abogados Ernesto Clavijo, Waldino Fabián Acosta, Agustín Zumel y Juan Manuel Azcona; los médicos Carlos Manuel Delera, Gustavo García Larsen y Roberto Moya; y el trabajador calero Orlando Bruna.
La causa se inició en 2007 (Ver cronología) cuando Joaquín Ares, socio gerente de la empresa calera El Volcán, se sorprendió ante un llamado de La Segunda ART SA. La compañía le informaba de un aumento desproporcionado del precio de la póliza por el servicio, ya que empleados de su calera habían sido indemnizados por hipoacusia. Según descubrió Ares, desde el 27 de noviembre de 2006 al 5 de julio de 2007, la ART pagó en sede administrativa 16 indemnizaciones, mientras que habían siete casos en sede judicial, lo que totalizaba 422.112 pesos. Ese episodio derivó en una reunión entre los directivos de la empresa y el gremio minero que representa a los trabajadores del sector, AOMA. En ese encuentro, los obreros dijeron que unos abogados cordobeses y sanjuaninos iban a sus casas, o enviaban a sus mensajeros, y les prometían que iban a recibir indemnizaciones suculentas si presentaban problemas de sordera. Así, les aseguraron que no se preocuparan por su trabajo, ya que la empresa no era la que ponía la plata sino la ART. Para que no hubiera errores, les habían afirmado que iban a ser asesorados por profesionales para que las pruebas de audición salieran favorables.
La resolución de Rago Gallo había señalado que los profesionales aprovecharon huecos y ventajas que tenían al conocer el sistema de las aseguradoras. Un punto clave era que las mismas, al ser demandadas, tienen por política conciliar sin litigar.
La escandalosa causa está enmarcada en lo que el presidente Mauricio Macri denominó la "mafia de los juicios laborales". Bajo ese concepto, el mandatario promovió la modificación de la ley de ART, la cual fue sancionada en 2017 y a la que San Juan está adherida (Ver Ley nacional… ).
Marzo
2008
El empresario Joaquín Ares, socio gerente de El Volcán, una calera de Albardón, presentó una denuncia para que se investigue la presunta estafa contra la ART.
Octubre
2014
El juez Federal Leopoldo Rago Gallo procesó sin prisión preventiva a ocho personas (entre ellos, abogados, médicos y un obrero) como integrantes de una asociación ilícita
Noviembre
2016
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento contra los ocho implicados. Se los acusa de estafa, falsificación de documento y asociación ilícita.
>>Ley nacional de ART
En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados de la provincia resolvió aprobar por unanimidad la adhesión a la ley nacional de ART.
La normativa fue impulsada por el presidente Mauricio Macri, con el apoyo del sector empresarial, ya que la misma ayuda a bajar la alícuota que las firmas pagan a las aseguradoras.
La ley establece como obligatorio que una demanda por un accidente de trabajo se inicie primero en la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, recién se puede iniciar un juicio.
Antes, el empleado podía aceptar la indemnización, pero además podía iniciar un juicio si creía que el monto no era el que correspondía. Eso generaba costos elevados en los procesos y una gran cantidad de demandas judiciales.