La posibilidad sobrevuela y por lo tanto, está en análisis. Los delitos por los que la Justicia española quiere investigar al exconcejal Carlos Fernández Gámez, alojado en San Juan, podrían haber prescrito en Argentina. Si ello es así, el hombre que se desempeñó como "coach" de empresarios y políticos en la provincia estaría en la puerta de eludir la extradición y sepultar una eventual condena. Pero no hay nada cerrado, ya que la Justicia Federal local además debe estudiar si no ha habido alguna acción o medida que haya interrumpido la prescripción, aseguraron fuentes calificadas.
Todo comenzará a develarse en el juicio de extradición que fije el juez Leopoldo Rago Gallo, luego de que el fiscal Francisco Maldonado y la defensa de Fernández Gámez terminen de aportar las pruebas. La Justicia española, a través del Ministerio respectivo, solicitó que el exedil regrese al país ibérico para que sea investigado por un resonante caso de corrupción en el municipio de Marbella, entre otros (ver recuadro).
La ley de extradición remite a los tratados que haya firmado Argentina con el país requirente.
Según las fuentes, los delitos equiparables en Argentina contra Fernández Gámez son defraudación en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos. El primero tiene una pena máxima de seis años de prisión, mientras que el segundo, de 10 años. Si pasan esos plazos desde que se produjo el hecho (en este caso, en 2003) y no hay juzgamiento contra el implicado, la causa prescribe, es decir, se extingue. De acuerdo al Tratado de Extradición entre Argentina y España, la misma no se concederá cuando en la legislación de alguno de los países se hubiera extinguido la pena o la acción penal del o los delitos por los que se solicita al implicado. Para dos tribunales del país ibérico no se ha dado la prescripción, ya que hablan de un lapso máximo de 15 años, pero en estas tierras ya está bajo en estudio si se produjo la extinción.
De todas formas, hay acciones judiciales que interrumpen la extinción de la acción penal por prescripción como el llamado a indagatoria, el requerimiento y la elevación a juicio y la citación al debate, según establece el Código Penal argentino. Las fuentes indicaron que puede haber una resolución equivalente en España, que haya frenado el paso del tiempo prescriptivo y haya posibilitado que el conteo arranque de cero desde esa medida.
El caso de Fernández Gámez estalló el 15 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Federal luego de una denuncia anónima. Ahí salió a la luz que había ingresado al país en 2006, de acuerdo al informe de Migraciones, tras irse de su país salpicado por el resonante caso de corrupción, ocurrido en 2003, mientras se desempeñaba como concejal en el municipio de Marbella. En San Juan no se mantuvo en la clandestinidad sino que creó una empresa de entrenamiento y preparación profesional y técnica llamada Europa Coaching. Con ella asesoró a políticos, comerciantes y empresarios. Pese a que los "coaching" suelen vender su imagen, el español siempre se cuidó de las fotos, al punto de que en la página de su empresa no hay ninguna suya y en los eventos sociales se las rebuscaba para aparecer lo menos posible.
En su faceta personal, se casó y tuvo dos hijos, ambos menores de edad. Luego de que fuera detenido, su defensa pidió su excarcelación, aunque tanto el fiscal como el juez se la denegaron. Y cuando estaba por finalizar el plazo de arresto provisorio (el 25 de octubre), España envió el pedido de extradición vía correo electrónico y fax. En días posteriores, mandó toda la documentación de la causa que será analizada por las partes.
El escándalo del caso Malaya
El Juzgado de Instrucción Nº5 de Marbella solicitó la extradición de Fernández Gámez con el fin de que dé explicaciones sobre su presunta participación en el caso Malaya. Se trata de una megacausa de corrupción en el municipio de Marbella en el que el político fue concejal. La causa desnudó un entramado de asociaciones que encubrieron actividades delictivas, como la malversación de caudales públicos, entre otras, llevadas a cabo por empresarios, abogados y dirigentes en el órgano de gobierno y administración de la comuna española. El mismo Juzgado también pidió la extradición por un proceso abierto contra el exedil por la presunta concesión ilegal de licencias urbanísticas, según publicó Diario Sur. El juez entiende que ambos casos no han prescrito.