Poco después de las 9:40, el abogado Marcelo Fernández, que representa los intereses del represor Alejandro Lazo, presentó en los tribunales federales de San Juan (Tribunal de Ejecución Penal) el pedido de excarcelación valiéndose del reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación que otorgó el beneficio del "2×1" a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Fernández estimó que "por tratarse de un viernes, recién a inicios de la semana que viene tendrá que haber una resolución". Lazo es un exmilitar sentenciado a 10 años de cárcel por las torturas que ejerció contra la actual jueza de Ejecución Penal de la provincia, Margarita Camus. La misma fue querellante en la causa y dijo que cuando le informen del planteo, lo rechazará.
Por su parte, el fiscal Federal Francisco Maldonado tampoco compartió el fallo, aunque evitó referirse al caso puntual de Lazo, sobre el que dijo que debe evaluarlo. Ambos coincidieron en que su aplicación no es obligatoria para los tribunales inferiores. El escenario se centra en Lazo porque que es el que recibió el castigo menor de los siete condenados en el primer megajuicio por delitos de lesa humanidad, aunque el resto y los que en un futuro puedan recibir una pena podrán hacer la presentación.
La Corte Suprema, por mayoría, decidió que es válida la puesta en práctica de la conocida ley del 2×1 como norma penal más benigna a los condenados por delitos de lesa humanidad. La misma estuvo vigente desde 1997 hasta 2001 (cuando fue derogada) y computaba por dos cada día que una persona estaba presa con prisión preventiva, sin condena, por encima de los dos años. Si bien el máximo tribunal lo resolvió por un caso en particular, el resto de los represores ven con expectativas la realización de planteos para reducir las penas de sus castigos.