El fiscal federal Francisco Maldonado pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de los procedimientos contra el narcotráfico y la falta de prevención contra el consumo de droga, entre otros temas.
– Con la puesta en marcha parcial del Código Procesal Penal Federal, ¿cuáles son los cambios en el tema de la prisión preventiva?
– Que hay una serie de etapas previas para considerar si una persona tiene que quedar detenida, entre ellas, vías alternativas antes de la detención. Por ejemplo, hacerle residir en un lugar determinado, la prohibición de salida del país, la prisión domiciliaria. Sí o sí exige que tanto el fiscal como el juez, al momento de denegar una libertad, establezca por qué a estos parámetros no los considera adecuados, o sí, para avanzar o no en la libertad de una persona. En ese marco, el régimen vino a reglamentar una cuestión, que ya estaba en la jurisprudencia. Los parámetros para impedir que una persona salga en libertad era el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. El fiscal, el juez y los defensores vamos a tener que valorar estos parámetros que, en cierta medida, no viene a cambiar en lo sustancial lo que ya viene sucediendo. Hay que valorar en cada caso concreto, las circunstancias de la persona que está sometida a proceso, el hecho en sí, la calificación del delito que se le está atribuyendo para valorar si va a quedar detenido o no.
– El tema cobró relevancia con el pedido de excarcelación de Julio De Vido, ¿cree que hay política en el medio?
– Hay que distinguir dos temas. Uno es el contenido del articulado que establece cuáles son las medidas de coerción, que no tiene ningún punto de vista político. Al contrario, es respetar las garantías constitucionales y el principio de inocencia de que la regla general durante el proceso es que la persona mantenga la libertad y la excepción es que continúe en detención. En cuanto al momento de la implementación, estaba decantando. No puede ser que, teniendo un sistema federal de gobierno, tengamos en dos provincias que las personas estén siendo juzgadas bajo un régimen procesal y que el resto no lo tenga.
– A partir de estas pautas de la prisión preventiva, abogados defensores por causas de lesa humanidad ya han adelantado que van a hacer presentaciones por 21 detenidos, ¿cómo va a resolver?
– Aún no he recibido ningún pedido de opinión con respecto a los casos de lesa humanidad. La valoración que siempre se ha hecho para denegar las libertades ha sido justamente la gravedad de los hechos. Tenemos la mayoría de las causas con desapariciones de personas, que han importado penas de prisión perpetua. Después hemos tenido personas que se han fugado, ahí el peligro de fuga es certero. Prefiero no dar nombres porque no quiero adelantar opinión, pero en esos casos va a ser difícil que se recupere la libertad. Y después, es que son delitos en vías de ejecución, las desapariciones continúan y aquellos que han sido sometido a proceso tampoco han brindado datos sobre el destino de los cuerpos. O sea, tenemos un riesgo procesal de entorpecimiento de investigación porque no se pueden encontrar las personas que han desaparecido.
– Se está yendo un Gobierno nacional que ha comunicado que han hecho un cambio importante en la lucha contra la droga, ¿es así?
– Lo que puedo decir es que se ha incrementado la cantidad de causas por infracción a la ley 23.737. Es importantísima la cantidad de droga, semanal y diaria, que la Policía Federal, Gendarmería o Policía de la provincia incauta en pequeñas cantidades y para consumo. Obviamente se van solucionando por el fallo Arriola de la Corte Suprema, el cual establece que el castigo es inconstitucional para una persona, siempre y cuando sea en pequeñas cantidades, destinado al consumo y que no trascienda a terceras personas. Una primera problemática es el tema del consumo, las adicciones. Eso me parece que hoy se banaliza. Es un problema de salud muy serio.
– El fallo Arriola estableció que se tenían que fijar pautas sociales de contención. ¿El Gobierno nacional ha trabajado en esos puntos?
– Creo que no, pero no es patrimonio de este Gobierno, el anterior tampoco lo hizo. El fallo Arriola viene de 2009. Ni este ni el anterior atendieron lo de las adicciones. No se hizo mucho desde la cuestión de la prevención. Tenemos que trabajar en atender las adicciones. El Estado tiene áreas que son las que tienen que trabajar. Es insuficiente la difusión de lo perjudicial que es la droga. Si no prevenimos sobre el consumo, es muy difícil después tratar de desarticular. Las fuerzas de seguridad hacen el trabajo que pueden, permanentemente estamos recibiendo causas. Pero vamos detrás del problema con la sanción penal. El Estado provincial ha hecho mucho, pero estimo que no dan abasto porque está demostrado que, con la cantidad de incautaciones de pequeñas cantidades, el problema subsiste. Sobre todo en la juventud.
– ¿Cambió en algo cuando detuvieron a Camargo? ¿Nota que hay una disminución del tráfico de drogas?
– No.
– ¿Alguien lo reemplazó?
– El crimen organizado va sobre las demandas de la sociedad y si es negocio vender estupefacientes y obtener una ganancia, ahí van a ir. Desarticulamos una banda importantísima, con 39 imputados con distintos grados de intervención, pero después seguimos incautando.
– ¿Ha notado que la propaganda del Gobierno nacional sobre la lucha contra las drogas coincida con los hechos, a través de órdenes y recursos a las fuerzas de seguridad?
– ¿Podríamos decir que se reforzó la cantidad de gendarmes en San Juan, integrantes de la Policía Federal o el equipamiento? Creo que no. En tecnología se ha avanzado algo. Las fuerzas de seguridad poseen hoy buenos sistemas de filmaciones, de drones autorizados para trabajar, mayor tecnología que la que había antes, pero entiendo que se sigue trabajando de la misma manera. Incluso, desde la Justicia no se ha reforzado ni el personal del Juzgado ni de la Fiscalía.
– Se ve una falta de comunión y de trabajo en conjunto entre la Policía Federal y las provincias, ¿sigue pasando en San Juan?
– Falta trabajo conjunto entre la Policía Federal y la provincial. No sé si es una cuestión de que cada fuerza de seguridad quiere llevarse todo el rédito y no compartirlo con la otra, pero no hemos podido formar equipos de trabajo en conjunto desde el Juzgado y la Fiscalía como para desarticular una serie de organizaciones criminales, si no que siempre trabajamos con una fuerza de seguridad individual. Pero no es malo que haya diferentes fuerzas de seguridad. Centralizar el foco es bueno porque también evita el tema de los focos de corrupción que puede haber dentro de una fuerza de seguridad porque se puede controlar con la otra. Pero es difícil trabajar coordinando esfuerzos.
– ¿El año que viene se viene la investigación fiscal en el ámbito federal en San Juan?
– Sí.
– ¿Tiene estructura?
– Todavía no.
– ¿Qué significa para el ciudadano común este cambio?
– Que la investigación va a ser llevada por el Ministerio Público Fiscal, no como ahora que está en manos del juez federal. Van a regir principios de oportunidad y de salidas alternativas del proceso para tratar de no gastar recursos en pequeñas investigaciones y sí avanzar en las causas más complejas. Tiende a abreviar los plazos, desde que se inicia una investigación hasta que se llega a la sentencia.
"Con Alberto Fernández se va a respetar la independencia del Poder Judicial".
"El 95% de las prisiones preventivas locales fueron confirmadas por la Cámara".
– ¿Cómo va a funcionar el sistema acusatorio en San Juan? ¿Usted será como el jefe de los fiscales?
– Vamos a funcionar como una unidad, a cargo de un fiscal con fiscales auxiliares. Estimo que sí, que voy a estar al frente.
– ¿Cuántos fiscales serán necesarios?
– Calculo que tendría que haber no menos de cuatro o cinco fiscales auxiliares para que vayan a litigar a las audiencias orales.