La tensión que se desató por la competencia judicial en el caso del derrame de solución cianurada en Veladero, tendrá un nuevo capítulo en estos días. El grupo de fiscales que interviene en San Juan solicitará por escrito que el juez de Capital Federal Sebastián Casanello se inhiba y no siga adelante con la causa que está sustanciando por el mismo tema. Aseguran que los hechos investigados sucedieron fuera de su jurisdicción y que la facultad de intervenir la tiene únicamente la Justicia provincial.
Los fiscales buscan así evitar un desorden jurídico. Pasa que mientras Oritja está investigando aquí la fuga a instancias de una denuncia que presentó la gestión de José Luis Gioja, Casanello abrió una causa penal en Capital Federal por un planteo que hizo un grupo de abogados ambientalistas. Conclusión, hay dos jueces de distinta jurisdicción detrás del mismo hecho y eso no puede ser, ya que hay riesgo de que dicten sentencias contradictorias y que se desate un verdadero escándalo judicial.
El pedido de inhibición en dirección a Casanello podría será presentado el martes próximo y la noticia fue dada a conocer ayer por Fabricio Médici, uno de los fiscales que participa en la causa que se sustancia en San Juan (la fiscal titular es Graciela Del Pie y Medici colabora con ella junto a Daniel Guillén y Gustavo Manini).
Claro que el planteo no se lo pueden presentar directamente al juez porteño. Lo tienen que dirigir a Oritja y éste resolverá si efectivamente le traslada a su colega de Capital Federal la inquietud de que decline. “Entendemos que lo va a hacer, porque los argumentos que damos son muy claros”, aseguró el agente del Ministerio Público en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento.
Los fiscales se basan, primero, en el principio de territorialidad, que establece que un hecho se debe investigar en el lugar donde ocurrió. Y como el derrame fue en Veladero y afectó aguas de ríos de la zona, entienden que no hay dudas en que debe intervenir Oritja, como titular de la Circunscripción judicial que abarca a Jáchal e Iglesia.
En segundo lugar, se basan en la ley nacional de residuos peligrosos. La misma sostiene en su artículo 1 que la Justicia Federal es competente cuando el daño trasciende las fronteras de una provincia. Hasta ahora, no hay nada que indique que hubo contaminación más allá de los límites de San Juan y eso será parte del escrito que elevará el equipo del Ministerio Público provincial.
Casanello puede aceptar el pedido y declararse incompetente, con lo que la investigación quedaría circunscripta al juzgado que dirige Oritja. La otra opción es que se niegue, en cuyo caso se desataría un conflicto de competencia e intervendría la Corte Suprema de Justicia para definir a qué jurisdicción le corresponde determinar por qué sucedió el derrame en la mina que explota la empresa Barrick y quiénes son los responsables.
Los problemas por la existencia de dos causas simultáneas por el mismo hecho en dos distritos quedaron de manifiesto el viernes. Oritja mandó a secuestrar documentación referente a la fuga de líquido cianurado de los ministerios de Minería y Salud, de la Secretaría de Medio Ambientes y de Obras Sanitarias.
Ese mismo día, por un exhorto enviado por Casanello, oficiales de la Justicia Federal fueron a buscar expedientes a Minería, Salud y Medio Ambiente. Se encontraron con que la información ya estaba a disposición de Oritja y no pudieron ejecutar la medida.