Con una pulseada política de fondo entre el basualdismo y el oficialismo, un grupo de vecinos -ayer a la tarde eran unos 30 pero aseguraron que por la mañana eran un centenar- mantiene tomada desde el lunes por la tarde la Unión Vecinal de Los Berros, que opera y administra el sistema de agua potable en la localidad sarmientina, porque piden que repongan en sus cargos, asamblea mediante, a la comisión directiva que fue reemplazada por una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia.
El trasfondo político tiene lugar porque el presidente de la vecinal que fue desplazado es Diego Allende, que fue candidato a intendente de Sarmiento en el 2007 por el basualdismo, enfrentado con el actual jefe comunal, Alberto Hensel. Y la primera vocal es Elida Elizondo. La mujer fue presidenta del Concejo Deliberante de Sarmiento hasta fines de julio, cuando la desplazaron por "autoritaria", según dijeron sus pares. El mismo día de la sesión, el titular de Personas Jurídicas, Pedro Santana, se presentó en la sede de la vecinal, a unos 20 kilómetros de la Villa Media Agua, para poner en funciones a un triunvirato normalizador.
La remoción tuvo lugar, según explicó Santana, porque los integrantes de la comisión debieron presentar el balance de los dos últimos años de gestión y haber llamado a renovación de autoridades en octubre del año pasado, pero no lo hicieron. Y por eso dispuso que al frente de la entidad quede un triunvirato normalizador. Los vecinos desconocen este triunvirato pero la conducción removida acepta que estuvo en falta.
De los 3 miembros que están en funciones, fuentes de la conducción desplazada aseguraron que Alberto Carmona hace 2 años que no paga la cuota de la vecinal y que Juan Neyra ni siquiera es socio de la entidad ni vive en la localidad. El único que estaría en condiciones legales de asumir -según el estatuto de la institución- sería Juan Acosta.
En medio de la pulseada, Santana dijo que los miembros del triunvirato presentaron una denuncia penal en el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo de Leopoldo Zaballa Pringles, por retención de la documentación de la vecinal. Y no descartan hacer otra denuncia por usurpación de la vecinal. El intendente Hensel prefirió mantenerse al margen de la pelea. "No es un tema de la Intendencia", dijo. A todo ésto, los vecinos amenazaron ayer con cortar la Ruta 153, por donde pasan los camiones cargados con cal.
La conducción de la vecinal es clave en la vida política de Sarmiento porque administra el agua potable de una zona que es gran productora de cal. Tiene 850 asociados que pagan 16 pesos por mes por el servicio de agua más 2 pesos de cuota social. Pero sólo unos 270 están al día. La entidad mueve unos 7.000 pesos mensuales.