El Gobierno de la provincia anunció ayer que se hará parte interesada de la denuncia presentada por las cámaras mineras y sindicatos locales en contra de la Ley nacional de protección de glaciares, lo que implica automáticamente que el caso llegará a la Corte Suprema Justicia, quien tendrá que decidir sobre la cuestión de fondo del problema.
Así, los conflictos que desató la sanción de una norma de presupuestos mínimos para proteger los glaciares en este país tendrán que ser resueltos por el máximo tribunal de la Argentina, algo que puede tardar mucho, pero mucho tiempo.
Esto se desencadenó porque el martes, el juez federal del segundo Juzgado en la provincia, Miguel Gálvez, dictó la suspensión de la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la ley Nº 26.639, alegando que la norma nacional se roza con la legislación provincial. Las entidades mencionadas que interpusieron la acción declarativa de inconstitucionalidad pidieron citar a la provincia como tercera afectada a la querella, y como ya dijo que sí, el siguiente pasó del juez será correr traslado de la demanda a la Nación, porque ahora al intervenir la provincia ya no tiene competencia.
El gobierno local sostiene que la ley nacional es adversa porque va en contra de la autonomía federal de las provincias, entre otras irregularidades. No obstante, los glaciares en esta cordillera no están indefensos, porque esta provincia ya sancionó su propia ley de protección hace unos meses.
"La provincia de San Juan ha sido invitada a comparecer como tercero interesado por las entidades mineras, y el gobernador ha decidido que en cuanto llegue la orden de comparendo por parte del juez federal, la provincia de San Juan va a comparecer en el juicio y va a desplegar toda una batería de argumentos adicionales a los expresados, y nuevos también. Así que vamos a actuar con fortaleza en esta acción declarativa de inconstitucionalidad", anunció ayer el jefe de asesores de la provincia, Guillermo de Sanctis, con cuidados términos legales. El abogado asesor calculó que la notificación podría llegar en unos 10 días más.
Por su lado, el titular de la Cámara Minera, Jaime Bergé, y el jefe de la CGT, Eduardo Cabello, anunciaron otras acciones en otras provincias (ver aparte).
¿Y ahora qué?
Algunos sectores ven con preocupación que el gobierno de Gioja se enfrente al gobierno de Cristina por los glaciares. Sin embargo, ayer el propio De Sanctis no evidenció preocupación al respecto. "Esto no es un juicio político, es jurídico y lo van a resolver los abogados, no la política", dijo, muy seguro.
La realidad podría darle la razón, por varias razones. En primer lugar, una vez que la provincia se haga parte del juicio y el juzgado federal corra traslado a la Nación, el fiscal nacional deberá hacerse parte. La Corte debe decidir entonces qué hacer con el amparo que suspende la aplicación de la ley en San Juan, mientras defina la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de la norma, lo que generalmente puede tardar varios años. Y hasta ahora, la Corte no revocó amparos de jueces federales. Pasó con la Ley de Medios, en que el máximo tribunal confirmó la cautelar de la justicia federal sobre uno de los artículos -el 161- y suspendió su aplicación durante año y medio para Clarín. Pero sigue sin definir el fondo de la cuestión, y la ley rige en todo el resto de sus artículos. Con el caso de la suspensión de la ley de glaciares en San Juan puede ocurrir lo mismo.
Ayer el diputado Mauricio Ibarra -uno de los que motorizó la ley nacional de glaciares- dijo que estudia con su equipo técnico la posibilidad de apelar la medida del juez Adarvez. Algo difícil, porque no es tercero afectado, y sólo la Nación -que sí lo es, por tratarse de una norma nacional- podría apelar. Ese papel le corresponde a Esteban Righi, Procurador General de la Nación, quien probablemente, por una cuestión de formas, interponga esa medida. Pero volviendo al comportamiento de la Corte, ésta difícilmente falle en contra de una cautelar hasta que se definir la cuestión de fondo.
"Además, el Procurador puede recibir instrucciones políticas para juicios de relevancia, de empresas contra la Nación, frente al CIADI por ejemplo. Pero no en juicios de rutina como este", dijo una fuente oficial.