El defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, intimó el viernes a Energía San Juan para que entregue los equipos que alimentan de energía, en caso de cortes de luz, a los aparatos que necesitan para vivir los pacientes electrodependientes. Se trata de otra presión contra la empresa, ya que el año pasado, la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, había ratificado que la compañía era la responsable de distribuirle a los usuarios las unidades llamadas Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI). Energía San Juan había apelado el fallo, pero, como tal movida no tiene efectos suspensivos, debía cumplir con lo que había estipulado el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Sin embargo, la firma aún no ha repartido los equipos, según indica la resolución de la Defensoría del Pueblo.
García Nieto intimó a Energía San Juan a entregarle equipos a electrodependientes.
García Nieto habló con madres de hijos que necesitan de aparatos eléctricos para vivir y le contaron su preocupación ante la falta de entrega de los equipos y los cortes de luz que se han producido en estos días. En la actualidad existen alrededor de 40 personas inscriptas en el registro de electrodependientes en San Juan. Cada una de ellas cuenta con el Régimen Tarifario Especial, esto significa que no pagan la factura de electricidad, ya que es un servicio fundamental para que puedan estar con vida. Por eso, el defensor del Pueblo intimó a la empresa a que distribuya las unidades y le fijó un plazo de 15 días. Si Energía San Juan no cumple, el exdiputado puede acudir a la Justicia. Además, resolvió que el EPRE controle que la compañía compre y reparta los equipos del Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
El ente regulador había dispuesto el año pasado que Energía San Juan cumpliera con lo que establece la ley, pero la firma había acudido al Contencioso Administrativo para señalar que era el Ministerio de Salud quien debía exigirle la compra y distribución de los equipos y no el EPRE. Sin embargo, Tettamanti rechazó el pedido porque apuntó a garantizar el derecho a la vida de los pacientes ante un eventual corte de luz. La firma apeló y la causa recayó en la Sala IV de la Cámara Civil, pero aún no hay ninguna respuesta.