Era el jefe de Movilidades del Hospital de Valle Fértil y sobre sus espaldas recayó una investigación, tanto judicial como administrativa, por haberle ordenado a uno de los choferes que buscara un paquete en la Capital y se lo trajera. El tema es que la encomienda contenía 44 envoltorios con 32 gramos de cocaína. Tras un rápido sumario frente al escándalo, el encargado de los vehículos oficiales del Ministerio de Salud Pública en el departamento vallisto, Adrián Eduardo Cortez, fue cesanteado por el uso indebido de elementos de la repartición, sumado a que tiene un procesamiento judicial por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por su parte, el conductor, José Bravo, fue suspendido con 20 días sin goce de haberes porque no puede transportar en una movilidad oficial cuestiones particulares, explicó el asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo.
El sumario administrativo insumió poco más de cuatro meses, un plazo breve, teniendo en cuenta que suelen demorarse entre dos y tres años e, incluso, más tiempo. La celeridad va en sintonía con el objetivo de la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos, la cual se creará a través de la modificación de la ley de la Asesoría Letrada de Gobierno, dado que estará bajo su órbita, que se presentó en la Cámara de Diputados y pasó a comisión (ver OFICINA DE …).
En ese marco, el caso de los empleados de planta permanente de Salud Pública se ha constituido como el puntapié inicial de resoluciones administrativas mucho más rápidas, las que, en líneas generales, apuntan a dar una respuesta más veloz a los trabajadores que, al final, no tengan nada que ver con una infracción y, por lo tanto, no deban estar sometidos a una investigación interna por tanto tiempo. Por otro lado, para la administración pública también es un beneficio el hecho de resolver rápidamente la situación de sus dependientes, dado que es personal que no ejerce sus funciones al estar suspendido y hay casos en los que, encima, tiene que abonarle los sueldos.
El escandaloso hecho salió a la luz el 19 de septiembre del año pasado, cuando una movilidad oficial de Salud Pública, conducida por Bravo, fue interceptada por un operativo de control del personal del Escuadrón Núcleo San Juan de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Provincial 510, en Valle Fértil. Según fuentes judiciales, los uniformados habían recibido un llamado anónimo que alertaba de la maniobra sospechosa en un vehículo oficial, por lo que utilizaron un perro detector de droga y así encontraron los 44 envoltorios con 32 gramos de cocaína. La investigación arrojó que Cortez le había pedido al chofer que buscara a una persona en la Ciudad de San Juan que le iba a entregar un paquete y se lo llevara. Por eso, el jefe de Movilidades fue procesado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En cambio, al chofer le dictó falta de mérito (no hubo pruebas para procesarlo ni desvincularlo definitivamente) debido a que había manifestado que desconocía el contenido de la encomienda y que sólo cumplió la orden de su superior. Su versión inclusive fue chequeada con pericias a los celulares, en los que había mensajes que daban cuenta de que tenía que ir a buscar repuestos, dijeron las fuentes.
En fase administrativa, el sumario culminó con la cesantía de Cortez, con la posibilidad de su exoneración si lo condenan y la sentencia queda firme.
Consecuencias
La cesantía implica que un empleado deja de pertenecer al Estado, pero puede volver, si las autoridades así lo consideran, en cinco años. Con la exoneración, no puede regresar jamás.
Resolución
Adrián Cortez fue cesanteado, aunque, si se tuviese una condena firme, será exonerado, según la resolución. El implicado puede pedir un recurso de reconsideración ante el Gobernador.
En sede judicial
A través de su abogado, Cortez apeló y pidió la nulidad del procesamiento en su contra. La Cámara de Mendoza dispuso que la nulidad sea resuelta, primero, en la Fiscalía y el Juzgado Nº2.
- OFICINA DE SUMARIOS
En la sesión extraordinaria del viernes de la semana pasada en la Cámara de Diputados, los legisladores enviaron a comisión la modificación de la ley de Asesoría Letrada de Gobierno, la que contempla la creación de la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos. El asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, había señalado que el área tramitará todos los expedientes del escalafón general y de los Ministerios de Salud Pública y Educación, mientras que quedarán afuera los de la Policía, los del Servicio Penitenciario y los de Vialidad provincial, que tiene un régimen particular. El funcionario calculó que arrancarán con unos 1.000 sumarios que vienen de arrastre y que la prioridad será resolver los casos de trabajadores suspendidos con goce de haberes. Apuntan a reducir a un año las investigaciones que insumen tres o más años.